Montenegro se refirió específicamente a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, que de ser aprobada pondría al descubierto irregularidades financieras cometidas por figuras de la oposición.
El titular de Economía y Finanzas lamentó que instancias como los comités Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y Cívico pro Santa Cruz, y partidos de oposición manipularan el contenido de la iniciativa legal con fines políticos y no para reivindicar derechos de ciertos sectores sociales.
El instrumento legal permitiría, entre otros aspectos, fiscalizar movimientos bancarios, sus propósitos, y contribuciones tributarias, sin embargo quienes violan esos procedimientos, como los más de 300 bolivianos implicados en el escándalo Pandora Papers, piden sea abrogada la Ley 1386.
Pandora, una investigación sobre delitos financieros a escala global, señaló a exautoridades gubernamentales, políticos, empresarios y otros por burlar al fisco boliviano al llevar sus fortunas a paraísos fiscales.
Según Montenegro, se trata de movimientos superiores a los 50 millones de dólares, cuyos propietarios están interesados en esconder.
Son ellos, insistió, quienes orquestan los paros y planes desestabilizadores que pone en riesgo el buen ritmo de la recuperación económica del país tras la pésima gestión del gobierno inconstitucional de Jeanine Áñez.
‘La protesta social es un derecho, pero es un crimen cuando la economía está en recuperación, cuando la economía se está reconstruyendo y será la responsabilidad del Comité Cívico del Conade y de otros agentes económicos que no consolidemos esta recuperación’, advirtió según la agencia de noticias ABI.
El ministerio de Economía y Finanzas estimó en 112 millones de dólares las pérdidas ocasionadas al país por un día de paro, puesto que el cese de las actividades económica de ciertos sectores afecta más de una cadena productiva.
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