La aprobación del informe presentado en la mesa legislativa, tras varias jornadas de recepción de pruebas de cargo y descargo, fue unánime.
Al término de la sesión, el equipo aseguró que recabó los elementos de convicción suficientes respecto a irregularidades en el acto administrativo, las cuales configuran el incumplimiento de funciones.
En el documento, la Comisión solicita además sugerir al presidente de la República, Guillermo Lasso, derogar los decretos ejecutivos 1054, 1158 y 1183, que permitieron crear el sistema de bandas mediante el cual aumentan mensualmente el precio de los combustibles.
A juicio de los asambleístas, las tres disposiciones adoptadas durante la gestión del mandatario Lenín Moreno y de Ortíz, son inconstitucionales.
Los interpelantes en el proceso fueron los legisladores Luis Almeida, del Partido Social Cristiano, y Salvador Quispe, de Pachakutik.
A Ortíz se le acusa de no haber entregado información sobre temas laborales de empresas eléctricas y petroleras estatales, así como por denuncias ciudadanas de incrementos desmesurados en las facturas de consumo de electricidad, en 2020, durante la etapa más dura de la pandemia de la Covid-19.
Muchos usuarios se quejaron de que los valores de sus planillas se triplicaron y, en algunos casos superaron hasta diez veces el pago regular antes de la crisis sanitaria, declarada en marzo de ese año.
En su comparecencia, el exministro defendió el sistema de bandas de ajuste mensual que fija los precios de los combustibles.
Al respecto, precisó que la medida generó ahorros al estado por más de mil millones de dólares el año pasado y según agregó, el 70 por ciento de ese monto fue utilizado para aumentar la cobertura de los bonos de protección social.
Sobre los precios de los combustibles, consideró que el subsidio a la gasolina y el diésel era indiscriminado.
El informe de la Comisión de Fiscalización será presentado a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, para su posterior debate en el pleno.
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