Los diputados estaban citados este jueves para continuar con la agenda aprobada el domingo último, la cual incluía interpelaciones a dos ministros, pero el presidente del legislativo Allan Rodríguez circuló una nota con la cancelación del pleno.
Agentes de la PNC continúan apostados en el perímetro de la sede Legislativa y en otros edificios públicos del Centro Histórico capitalino ante la posibilidad de nuevos actos de violencia como los protagonizados por veteranos exmilitares durante la pasada manifestación para exigir el pago de 120 mil quetzales (unos 15 mil 300 al cambio oficial).
La víspera trascendió que autoridades del cuerpo policíaco pidieron a sus miembros, mediante comunicación interna, tomar medidas de protección y autoprotección ante eventuales acciones de toma de comisarías y secuestro de agentes, publicó el diario Prensa Libre.
Por su parte, el vocero de la PNC, Jorge Aguilar, informó que la institución se mantiene en alerta constante como siempre y evitó negar o confirmar la veracidad de la nota en medio de mensajes como ‘Aquí hay kaibiles (soldados de élite del Ejército), hombres entrenados para morir’, que circulan a modo de advertencia.
Luego de los incidentes en el Congreso, con saldo de varias personas heridas, vehículos quemados, detenidos y daños en el edificio del Legislativo, hoy continúan los cuestionamientos sobre la lenta actuación de la PNC en medio de los acontecimientos.
Carlos Barreda, diputado de una de las facciones de la Unidad Nacional de la Esperanza, aseguró que estos hechos de violencia son resultado de un plan orquestado.
Según el legislador, no había suficiente presencia policial ni círculos de seguridad alrededor del Hemiciclo a pesar de que semanas atrás los exmilitares prometieron volar puentes si no eran atendidas sus demandas.
El pedido de pago de los exsoldados por su participación en el conflicto armado interno (1960-1996) responde a una iniciativa de ley presentada en 2019 bajo análisis de las Comisiones de Defensa, Finanzas y Derechos Humanos del Congreso, pero aún sin dictamen técnico a pesar de sucesivas promesas hechas a los manifestantes para su rápida aprobación.
Entre ellas, las del propio presidente Alejandro Giammattei, quien aprovechó el tema como bandera durante su campaña electoral, un recordatorio que los propios descontentos y medios de prensa se encargaron de volver a sacar a la luz pública.
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