Una manifestación de exmilitares en las afueras de la sede legislativa fue el detonante de la violencia descontrolada, cuando algunos grupos impidieron a los diputados y la prensa que estaba dentro salir a la calle en un primer momento, y después irrumpieron por la fuerza en el parqueo del edificio, donde prendieron fuego a cinco vehículos y destrozaron ventanas.
La tensión subió de tono entonces, pues las llamas alcanzaron también varias oficinas y no había forma de evacuar a quienes estaban dentro, incluido el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, citado para una interpelación durante la sesión prevista ese martes.
Medios televisivos mostraron la intervención de los agentes antimotines y de la Policía Nacional Civil, considerada muy tardía, con el uso de gases lacrimógenos para poder sacar del Hemiciclo a más de 100 personas y dispersar la protesta.
Como prometieron la semana anterior, cuando realizaron dos días consecutivos de bloqueos en carreteras, los veteranos llegaron al Parlamento para exigir un bono de 120 mil quetzales (15 mil 500 dólares) por los servicios prestados durante el conflicto armado (1960-1996), una iniciativa de ley presentada en 2019 aun sin dictamen técnico.
Actualmente hay una mesa de diálogo instalada sobre el tema, pero no hay definición de la cantidad exacta de antiguos militares que cumplieron el servicio militar, un paso clave y pendiente por el Ministerio de Defensa para definir la cuantía del eventual monto a pagar, prácticamente inviable este año y el próximo.
Medios de prensa y los propios manifestantes sacaron a la luz un video del presidente Alejandro Giammattei prometiendo a esas fuerzas durante su campaña electoral total respaldo para el pago del cuestionado resarcimiento económico.
La lenta reacción de las fuerzas policiales ante los acontecimientos del martes último contrastó con la represión empleada contra un plantón de la población maya q’eqchi’ en contra del proyecto minero Fénix y para reclamar su derecho a participar en el proceso de preconsulta que realiza el Ministerio de Energía y Minas.
Según el medio alternativo Prensa Comunitaria, unos 300 agentes antimotines ejecutaron el desalojo violento y lanzaron alrededor de 50 bombas lacrimógenas contra los pobladores, incluidos niños, mujeres y ancianos.
El procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas condenó el uso excesivo de la fuerza en el Estor, Izabal, que alcanzó a varios periodistas durante la cobertura de los hechos.
La protesta, instalada desde inicio de octubre, buscaba impedir el paso de los camiones de la empresa Compañía Guatemalteca de Niquel-Pronico hacia la planta minera, cuyas operaciones mandó a parar una resolución de la Corte de Constitucionalidad, totalmente violada, recordaron autoridades indígenas.
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