Para el padre José María Tojeira, exrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la Fiscalía General de la República debe corregir esta situación que retrasa la búsqueda de justicia.
‘Atrasar, ponerle lentitud al juicio del Mozote, es una forma más de contribuir a la impunidad. Debemos a la acusación privada el que la justicia haya caminado. Tiene más legitimidad moral que la Fiscalía’, afirmó.
La Fiscalía puso en tela de juicio la imparcialidad del juez Guzmán, pese a su apego a la ley en la lucha por esclarecer la masacre perpetrada hace casi 40 años por militares en El Mozote y cantones aledaños.
‘Esto nos preocupa como abogados de las víctimas y también les preocupa a las víctimas’, enfatizó David Morales, exdefensor del pueblo de El Salvador y querellante en el caso, reabierto tras la derogación en 2016 de la Ley de Amnistía de 1993.
En diciembre de 1981, el proscrito Batallón Atlactl de la Fuerza Armada de El Salvador asesinó a mil civiles en El Mozote y cantones aledaños, como parte de la estrategia ‘Tierra Arrasada’ para cortar los apoyos a la guerrilla.
El conflicto armado que desangró a El Salvador entre 1980 y 1992 dejó unos 75 mil muertos y miles de desaparecidos, lisiados y huérfanos, según el informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas.
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