El documento sobre la investigación realizada al mandatario contó con el aval de seis miembros de esa mesa legislativa, quienes decidieron pasar el texto al pleno del organismo para su aprobación.
Entre las recomendaciones de la pesquisa consta verificar el incumplimiento del dignatario al Pacto Ético aprobado en la Consulta Popular de 2017, que prohíbe a aspirantes y funcionarios con cargos públicos tener empresas offshore o cuentas en países considerados paraísos fiscales.
La indagación en la Asamblea Nacional comenzó a partir de un estudio periodístico denominado Pandora Papers, según el cual Lasso tuvo al menos 14 compañías extraterritoriales, de las que 11 fueron disueltas previo a su candidatura para presidente en 2017.
De su lado, el gobernante admitió la información del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y desechó cualquier vínculo con las tres restantes.
Para la Comisión de Garantías Constitucionales, Lasso pudo incurrir en inobservancia del artículo 130 de la Carta Magna, pues al momento de presentar su nominación aún era propietario de las compañías que más tarde transfirió a algunos representantes de su familia.
Asimismo, señaló que el pleno del Parlamento deberá indicar a Lasso comparecer ante la instancia en un plazo de ocho días para ofrecer su testimonio y responder preguntas.
Igualmente propuso que se levante la información de instituciones del Estado considerada reservada y relacionada con las transacciones y patrimonio sobre las indagaciones en curso, vinculadas al mandatario.
Otro pedido fue proceder al enjuiciamiento político en contra de las autoridades que no comparecieron o no facilitaron datos requeridos dentro del caso y enviar el informe a la Fiscalía, la Contraloría, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Superintendencia de Bancos.
Al respecto, la asambleísta Paola Cabezas señaló que aunque el jefe de Estado pidió levantar el sigilo sobre sus cuentas bancarias, el Legislativo nunca accedió a esos datos.
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