Martínez, presidenta Comisión Especial de Carácter Constitucional para Asuntos Electorales en el parlamento, explicó en detalles a los 175 acompañantes internacionales que darán fe de las elecciones todo el proceso legal puesto en marcha a principios de abril en función del acto político más importante de la nación en el quinquenio.
La Ley Electoral se transformó casi en un 80 por ciento y tuvo como finalidad adecuar esa legislación a la última reforma a la Constitución Política de Nicaragua, realizada en 2014, explicó.
Destacó entre los elementos novedosos de los cambios a la ley electoral la inclusión de la política de equidad de género, la cual aplica desde el Consejo Supremo Electoral hasta la última Junta Receptora de Votos en el lugar más intrincado del país.
Abundó que la equidad de género además de política de gobierno es un precepto constitucional.
El empleo de las tecnologías de la informática y las comunicaciones distingue el proceso electoral nicaragüense, añadió Martínez.
Agrupar en un solo título de la Ley Electoral todos los recursos, como los de impugnación, apelación y revisión, le dio confianza jurídica y seguridad a los partidos que participan en el proceso hacia las urnas, señaló.
Recordó que la reforma incluyó las prohibiciones contenidas en las leyes 1040 y 1055 (aprobadas por la Asamblea Nacional en el último cuatrimestre de 2020), en primer lugar la de que los partidos políticos reciban financiamiento desde el exterior con fines electorales.
Este domingo casi 4.5 millones de nicaragüenses podrán concurrir a las urnas para elegir a la fórmula presidencial, así como los diputados a la Asamblea Nacional (Legislativo) y el Parlamento Centroamericano.
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