Se trata de los detenidos la víspera como parte de la operación Miríade (número grande e indeterminado), de la que tres son miembros activos de las fuerzas armadas, aunque no se precisaron por ahora las identidades de los presuntos traficantes, a los que también se acusa de asociación criminal.
A cargo del juez Carlos Alexandre, los interrogados pasaron por el país africano como parte de una misión dirigida por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El escándalo, recogido por segundo día consecutivo en la prensa del país, llevó al ministro de Defensa Joao Gomes Cravinho a explicar que al momento de conocerse las sospechas ya no se encontraban como parte del personal en República Centroafricana.
Se cree que los involucrados trasladaban los bienes en los propios aviones de la misión militar hacia suelo luso. La víspera se realizaron registros en 95 domicilios y otros cinco lugares no especificados, aunque relacionados con el cuerpo armado.
Cravinho dijo la víspera que informó a la ONU sobre el incidente a principios del año pasado.
Reconoció que cuando le informaron en diciembre de 2019 las investigaciones apuntaban a dos uniformados, y que se enteró este lunes por las noticias de los otros militares detenidos.
Todo indica que se trata de actividades desarrolladas a título personal por algunos militares y no por un sistema establecido, remarcó.
Desde Cabo Verde, donde se encuentra en una visita oficial, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa aseguró que el honor de las fuerzas armadas quedó incólume.
“Normalmente, en territorio extranjero, no hago comentarios sobre la situación portuguesa, pero se trata de una situación de proyección internacional, del prestigio de las Fuerzas Armadas”, afirmó de Sousa en declaraciones a los reporteros en Praia, la capital de Cabo Verde.
Interrogado sobre el arresto de una decena de uniformados, en medio de 100 órdenes de aprehensión dictadas por la justicia, el jefe de Estado aseguró que el prestigio de las fuerzas armadas está incólume después de profundizarse en las investigaciones durante todo 2020 y lo que va de 2021.
El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas anunció la víspera que a finales de 2019 recibieron una denuncia sobre el involucramiento en tareas de tráfico ilegal de militares retirados y en activo de la Guardia Nacional Republicana y de la Policía de Seguridad Pública.
mem/ro
