El reporte, elaborado por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, se basa en una investigación de la labor de diferentes instituciones vinculadas con el adecuado funcionamiento de la red de prisiones del país, afectada por un preocupante aumento de la inseguridad y la violencia.
De acuerdo con el texto, que contiene 52 conclusiones y 72 recomendaciones, desde hace varios años algunos grupos de reclusos tenían el control de muchos pabellones de la Penitenciaría del Litoral, la más conflictiva y escenario este año de las dos mayores masacres registradas en su historia, con un saldo de más de 180 muertes y decenas de heridos.
Asimismo, señala que a juicio del ejecutivo, las rivalidades entre bandas son la causa de auge de los hechos violentos, sin embargo, el punto de partida real son otros problemas de tipo institucional.
Igualmente menciona los estándares internacionales, marco normativo de la seguridad y sistema penitenciario, comparecencias, pedidos de información y visitas a los centros de rehabilitación, entre otros elementos.
La falta de directivos, los recortes de presupuestos para la rehabilitación social y el hacinamiento son algunos de los factores señalados como detonantes del estado actual.
Previo a conocer el informe, el pleno recibió en comisión general a la coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, Vivian Idrovo, quien expuso la problemática y enfatizó en la falta de políticas de rehabilitación social en esas instituciones.
La crisis en los reclusorios empeoró desde el 28 de septiembre último, cuando un motín en la Penitenciaría del Litoral terminó con 119 fallecidos y cerca de 80 heridos, lo cual provocó la declaratoria de estado de excepción en todas las prisiones.
Pese a la medida, el pasado 13 de noviembre otro incidente en la misma instalación dejó 62 víctimas mortales.
Cambios de autoridades vinculadas con el sector y un proceso de pacificación forman parte de las nuevas disposiciones del ejecutivo para paliar la crisis.
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