La propuesta fue avalada por 94 de los 131 legisladores, pese al desacuerdo y cuestionamiento de algunos legisladores, manifestado en la sesión plenaria.
Aunque no hubo votos en contra, al menos 37 se abstuvieron.
“Este gobierno plantea recortar los recursos de la clase media y baja del país. Esta Asamblea debe garantizar el derecho a la educación pública y de calidad”, aseguró en el debate el asambleísta de la alianza Unión por la Esperanza Mateo Flores.
A su juicio, la Proforma Presupuestaria mantiene privilegios sobre los más adinerados, mientras los que menos tienen quedan relegados.
«¿Cómo hablar de oportunidades y mejores condiciones de vida si no se habla de los más pobres y los que más necesitan?», preguntó y cuestionó los recortes en la salud y la educación.
En ese sentido, precisó que para 2022, el ejecutivo prevé reducir más de 200 millones de dólares en los fondos en la enseñanza superior y una cifra superior a los 278 millones en los niveles inicial, básico y bachillerato.
Por su parte, Peter Fernando Calo, de la bancada del partido Pachakutik, estimó importante tomar en cuenta las recomendaciones planteadas por los diferentes bloques legislativos para el informe de la Proforma Presupuestaria 2022.
El asambleísta también defendió que los recursos lleguen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para garantizar obras de infraestructura necesarias en las localidades.
A partir del debate, entre otras recomendaciones, el gobierno deberá revisar las asignaciones a los sectores de Educación y Salud, a efectos de garantizar los respectivos incrementos anuales establecidos en la Constitución de la República, principalmente para cubrir el permanente incremento de la demanda por parte de los ciudadanos.
Procurar compensaciones, a fin de asegurar a las Universidades y Escuelas Politécnicas más cupos para nuevos estudiantes, así como con la meta de reactivar la investigación, esencial en el desarrollo económico y social de los pueblos, fueron otras propuestas.
Las observaciones comprenden verificar las asignaciones para el pago de incentivos jubilares pendientes y saldar progresivamente la deuda que el Estado tiene con ese sector de la sociedad y evaluar el financiamiento del sistema nacional de rehabilitación social, a fin de lograr soluciones a la crisis carcelaria agudizada en el país.
Con ese paso cumplido, la Proforma regresará al ejecutivo, que tendrá 10 días para responder a las observaciones.
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