Para Cuéllar, la reciente condena en España del excoronel Inocente Montano por la masacre de 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA) debe ser un incentivo para que los criminales también sean procesados en El Salvador.
El exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA confirmó a Prensa Latina la necesidad de incrementar la presión y la denuncia pública para que el sistema judicial de este país haga algo.
‘Por ejemplo, aquí un juez reabrió la causa por la matanza de la UCA, pero en diciembre pasado la Cámara de lo Penal lo anuló, y esa arbitrariedad tiene que ser denunciada sin cesar’, recalcó el jurista.
Montano fue condenado a 133 años de prisión por la Audiencia Nacional de España, por la matanza de cinco jesuítas y dos asistentes en noviembre de 1989, perpetrada por militares con el visto bueno del alto mando castrense.
Entre las víctimas estaba el rector de la UCA, Ignacio Ellacuría, y una niña de 15 años, y la Fuerza Armada trató de achacarle el crimen a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado (1980-1992) permanecieron impunes por una Ley de Amnistía que fue derogada en 2016, por una demanda impulsada, entre otros, por Cuéllar.
El Salvador aún aguarda por la promulgación de una Ley de Reconciliación Nacional centrada en las víctimas de la guerra, que les ofrezca verdad, justicia transicional, compensación y garantías de no repetición.
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