Esta es una de las conclusiones del Informe de verificación de la situación de Derechos Humanos en El Estor, Izabal, presentado este lunes por la Asamblea Social y Popular (ASP) y la Coordinadora de Convergencia Nacional Maya Waquib’kel, tras una misión de verificación en el área de conflicto entre el 27 y el 31 de octubre de este año.
La fecha coincide con el estado de sitio decretado por el Gobierno de Alejandro Giammattei supuestamente para garantizar el orden, luego de 21 días de resistencia de comunidades q’eqchi’ para impedir el paso de camiones cargados de material hacia una mina de la zona y exigir su participación en la mesa de consulta sobre el polémico tema.
En la presentación de los resultados, Josué Chavajay, de la ASP, aseguró que estos recursos de excepción están fundados sobre el miedo, la muerte y el terror, y se han vuelto una constante tanto de este Gobierno como de anteriores ante su incapacidad de resolver conflictos derivados del acaparamiento de tierras por las empresas mineras.
«En la historia reciente del país, los estados de excepción y toques de queda son el instrumento arbitrario para imponer el modelo económico extractivo en cualquier territorio, impidiendo a los pueblos indígenas decidir su destino como ejercicio de la libre determinación», denunció Chavajay.
La misión de verificación comprobó que «en el imaginario de las fuerzas combinadas las comunidades q’eqchis’ son una amenaza», de ahí la existencia de listas negras de comunitarios con supuestas órdenes de captura, una réplica de persecución e intimidación ensayada en otros lugares, junto a la criminalización de periodistas y medios alternativos.
A juicio de las organizaciones que asumieron la investigación, la pandemia de la Covid-19, los eventos naturales, los estados de excepción y el estado de sitio han interrumpido la producción de maíz y el frijol, lo cual agudizará la crisis alimentaria y la pobreza.
Y lo más importante, insistió Chavajay, difícilmente se logrará dar fin a un conflicto histórico si se mantienen las condiciones de desigualdad estructural que alimentan el descontento y el desprestigio del Estado al promover este modelo de desarrollo.
Para el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien recibió una copia del informe, la mesa de consulta organizada por el Gobierno es excluyente y crea un clima de ingobernabilidad, al criminalizar el liderazgo de la Gremial de Pescadores (quedó fuera) y proteger en cambio los intereses de las empresas extractivas.
Actualmente en El Estor impera un estado de prevención como continuidad del estado de sitio.
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