En un dictamen, la instancia consideró el informe de un examen especial para determinar la existencia e infracción y responsabilidad del mandatario.
Según indicó, la revisión estableció que en las fechas de inscripción de su candidatura presidencial (23 de septiembre de 2020) y juramentación en el cargo (24 de mayo de 2021), Lasso no era propietario directo o indirecto de las empresas con las cuales fue vinculado.
Con esos argumentos, la Contraloría decidió archivar el proceso, «por no encontrar elementos objetivos» que demuestren nexos con bienes, propiedades, capital, compañías o fundaciones en territorios offshore.
La investigación comenzó en octubre pasado, teniendo en cuenta que la legislación ecuatoriana prohíbe a los candidatos a cargos públicos de elección popular tener relación con paraísos fiscales.
En el marco del examen, el jefe de Estado entregó documentación certificada para probar que su candidatura fue inscrita sin incumplir las regulaciones sobre el tema.
Por su parte, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia recalcó que la Contraloría General es la única autoridad competente para juzgar si un funcionario público cumplió con el compromiso de no tener bienes o capital en paraísos fiscales.
El fallo fue hecho público horas antes de una sesión del parlamento destinada a evaluar un informe de una comisión legislativa sobre el caso Pandora Papers, según el cual el dignatario sí incumplió la ley. De acuerdo con el documento de la Comisión de Garantías Constitucionales, esa infracción sería una causa para destituir al mandatario, pues se habría incurrido en «grave crisis política» y «conmoción».
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