En un comunicado difundido por la Cancillería, el Estado venezolano lamentó el ‘desbalanceado reporte emitido por mandato de una politizada resolución, (…) promovida por Estados Unidos a través del autodenominado Grupo de Lima’.
De acuerdo con las autoridades de Caracas, esta postura constituye una violación a las normas y principios que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos.
El Ejecutivo bolivariano consideró preocupante que la alta comisionada ceda ante la presión de actores anti venezolanos y realice afirmaciones sesgadas y alejadas de la verdad, al hacerse eco de campañas mediáticas y presentar especulaciones ideologizadas, como hechos.
Esto, a pesar de la presencia de la Oficina en Venezuela y de los fluidos mecanismos de diálogo existentes con el Estado venezolano, derivados de la Carta de Entendimiento sobre asistencia técnica y cooperación renovada recientemente, señala el comunicado.
Ante este escenario, el Gobierno venezolano informó que someterá a revisión la relación con la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos, con el fin de garantizar el estricto apego a los principios de objetividad, imparcialidad y no injerencia en los asuntos internos.
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