A finales de abril la Cchdh, junto al exjuez Baltazar Garzón, denunció ante la CPI la represión policial y militar durante el estallido social de 2019, que dejó como saldo unos 30 muertos, miles de heridos y 460 personas con daños oculares.
Sin embargo, este jueves la oficina del fiscal de la CPI comunicó que las situaciones que le han sido comunicadas «carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar de las mismas».
Interrogado sobre el tema el abogado y presidente de la comisión chilena, Carlos Margotta, declaró que la decisión de la corte no es definitiva y se puede reconsiderar si se presentan nuevos antecedentes.
Hay información suficiente para continuar el caso y que se sancione al mandatario por los delitos cometidos por agentes estatales después del 18 de octubre de 2019, dijo Margotta a la Radio Universidad de Chile.
De acuerdo con el abogado, el 29 de abril pasado entregaron a la corte más de 140 páginas con suficientes elementos para abrir una investigación formal contra Piñera y las autoridades civiles, militares y policiales.
A ello se añadió un informe emanado desde la comisión investigadora de la Cámara de Diputados donde se estableció que la respuesta del Gobierno a las masivas movilizaciones sociales fue un delito de lesa humanidad de carácter sistemático y coordinado.
“En consecuencia, estamos ante crímenes contra la humanidad y no ante delitos comunes consagrados en el Código Penal”, declaró el presidente de la Cchdh.
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