Los anuncios del mandatario, desde la Universidad Andina Simón Bolívar, coincidieron con la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción y ocurren a escasas horas de una exhortación del Parlamento a la máxima dignidad a esclarecer dudas sobre un informe que lo responsabiliza de tener nexos con países considerados paraísos fiscales.
En su intervención, Lasso recalcó que las directrices tienen un énfasis preventivo de acción inmediata y una orientación de largo plazo.
Según afirmó, el mal de la corrupción es una barrera contra el desarrollo que roba los recursos a la protección social, la reactivación económica y la seguridad.
Al respecto, aseguró que no dudará en cambiar a funcionarios, cuando las evidencias indiquen actos ilícitos y subrayó la importancia de estar atentos a la calidad del gasto público, la austeridad fiscal, la disciplina financiera y a una contratación pública acorde a los estándares internacionales.
Por su lado el consejero de gobierno para la Gobernanza y Gestión Institucional, Luis Verdesoto, detalló que los componentes de la propuesta son prevención y riesgos, investigación y detección, así como sanción y recuperación.
“Los lineamientos que presentamos ponen especial énfasis en la coordinación e intercambio interinstitucionales y la prevención que incentiva los comportamientos para lograr decisiones públicas no corruptas”, aseguró.
En ese contexto, el jefe de Estado anunció la conformación de una Comisión Nacional Anticorrupción que estará a cargo de coordinar la implementación de una estrategia y de las políticas dirigidas por la función Ejecutiva, propondrá normas y procedimientos para el sector público, examinará la calidad del gasto y planteará acciones anticorrupción.
El proceso de elaboración de la nueva política comenzará en enero próximo y se extenderá hasta abril de 2022, período en el cual se recopilarán criterios de diversos sectores de la población.
La iniciativa contrasta con el momento actual del país, en el que la Contraloría General del Estado archivó la investigación al presidente sobre los Pandora Papers que lo vincularon a compañías offshore y el legislativo insiste en la necesidad de esclarecer el tema, pues a juicio de muchos, existen elementos incriminatorios.
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