Quito (Prensa Latina) Ecuador enfrentó un complicado 2021 por ser año de elecciones presidenciales y parlamentarias, marcado además por el incremento en la inseguridad ciudadana y agudización de la crisis en el sistema carcelario.
Los comicios generales en los que se presentaron 16 binomios presidenciales, mientras que dos mil 146 ciudadanos optaron por los 137 curules de legisladores nacionales y provinciales y 75 por los escaños en el Parlamento Andino, tuvieron lugar en todo el país y en las circunscripciones en el exterior en el mes de febrero.
De esas justas salieron los miembros de la Asamblea Nacional, pero la elección del dignatario y su vice quedó para una segunda vuelta, en abril, pues ninguna de las duplas con más possibilidades- Guillermo Lasso y Alfredo Borrero (CREO), Andrés Arauz y Carlos Rabascall (UNES)- obtuvo el número de votos requeridos para ser proclamados.
CREO AL PODER
Finalmente, en el balotaje los favorecidos fueron los centroderechistas Lasso y Borrero, quienes asumieron el 24 de mayo con promesas de generar millones de empleos, implementar una campaña de vacunación contra la Covid-19 para cubrir la mayor parte de la población en los primeros 100 días y aumentar el salario básico de 400 a 500 dólares durante la gestión.
Al cierre de 2021, el nuevo gobierno cumplió el compromiso con el combate a la enfermedad y el plan de inmunización masiva llegó a todos los rincones del país, fue un importante elemento en la disminución de casos y resultó, para muchos, lo más destacable en los primeros siete meses de administración.
Empero, en el plano social, el nuevo ejecutivo enfrentó numerosas protestas y críticas desde organizaciones sociales, estudiantiles y de trabajadores, campesinos e indígenas, quienes creyeron en el lema de “Gobierno del Encuentro” y aceptaron diálogos con el gabinete en espera de resultados positivos a sus demandas, lo cual resultó infructuoso.
INSEGURIDAD Y CRISIS EN SISTEMA PENITENCIARIO
Congelar los precios de los combustibles a valores más bajos que los actuales, 1.90 dólares (galón de diésel) y 2.55 (gasolina), suspender los recortes al presupuesto en la educación, pagar adeudos con las municipalidades y los jubilados y dejar de negociar más créditos con el Fondo Monetario Internacional a cambio de condiciones nocivas para el pueblo fueron las principales demandas.
En medio de ese panorama, desde enero pasado aumentaron la inseguridad en las calles con delitos vinculados mayormente a robos, asaltos y asesinatos, así como la violencia en el interior de las prisiones de esta nación andina, donde se registraron en septiembre y noviembre dos matanzas que cobraron 119 y 62 vidas de reos.
Los incidentes en el sistema carcelario predominaron en la Penitenciaría del Litoral, en la ciudad de Guayaquil, la más violenta a nivel nacional, donde enfrentamientos entre bandas rivales por el control del centro de rehabilitación social desencadenaron los disturbios y subsecuentes masacres.
La situación general llevó a decretar varios estados de excepción por grave conmoción interna en un intento de recuperar la tranquilidad ciudadana y de la población de los privados de la libertad, pero sin obtener los resultados esperados.
En ese contexto, las muertes sacaron a la luz deficiencias en los mecanismos de registros de los presos, en la identificación de cadáveres y en el sistema informativo y de comunicación con los familiares de ese sector poblacional.
Asimismo, las reyertas en los penales evidenciaron el hacinamiento existente en esas instituciones- cuya capacidad general es de 30 mil reos, pero acogen a más de 38 mil-, las malas condiciones en la infraestructura, la reducción de los programas de rehabilitación social, carencia de guías penitenciários, tardanza en el desarrollo de procesos judiciales, entre otros inconvenientes.
La comunidad internacional también fijó la vista en Ecuador, ante la incapacidad del gobierno de solucionar los problemas en los reclusorios, mientras familiares de las víctimas exigen información veraz y reparación.
En las calles, al mismo tiempo, aumentaron las muertes violentas, los femicidios, los asaltos a personas y sítios comerciales, pese al incremento de la presencia policial y a las medidas aplicadas por el ejecutivo para frenar ese flagelo que, junto al narcotráfico, no retrocede.
Datos oficiales revelaron que, de enero a octubre, hubo registros de mil 885 homicidios a nivel nacional, 513 más que en 2020, cuando los reportes fueron de mil, y el 27 por ciento de esos crímenes ocurrieron en Guayaquil y sus zonas de influencia.
FARDO DE LA POBREZA Y DENUNCIAS A FUNCIONARIOS
A juicio de algunos académicos que estudian el tema de la seguridad y la economía, el aumento en los índices de pobreza y pobreza extrema, recrudecidos por la pandemia de la Covid-19, es un factor de peso en el escenario actual.
Otra complicación de este año tocó al sistema de salud pública, afectado por la reorganización interna para atender el avance de la pandemia, que comenzó a bajar a partir del segundo semestre, con la implementación de la campaña masiva de vacunación.
El plano político estuvo caracterizado por denuncias a funcionarios de varios sectores por incumplimiento de funciones, los enjuiciamientos de autoridades en el pleno de la Asamblea Nacional y sus destituciones, así como cambios en varios ministerios.
Desde el gobierno que asumió la gestión a mitad del año, el pedido a la población es a confiar en las disposiciones, mientras la ciudadanía comienza a dudar del apoyo ofrecido en las urnas a los actuales dirigentes, cuya popularidad decae con el transcurrir del tiempo.
rmh/scm
*Corresponsal jefe de Prensa Latina en Ecuador
