Esos mecanismos de lucha fueron ratificados por gremios sindicales durante la XV Convención Nacional del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), centrada en evaluar la situación laboral y la coyuntura nacional.
La posición firme de rechazo a los intentos privatizadores de áreas consideradas estratégicas como las empresas eléctricas, telefónicas, petroleras y el Banco del Pacífico fue un tema recurrente en la cita.
También hubo consensos en torno a la necesidad de mantener y reforzar la lucha contra los recortes de presupuesto dispuestos por el Ejecutivo nacional en sectores como la educación, la salud, las universidades y las medicinas.
«Exijamos a este Gobierno con medidas de hecho y, principalmente, al Ministerio de Trabajo y a la Corte Constitucional», aseguró al respecto Mesías Tatamuez, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut).
La cita contó con dirigentes y representantes de las principales organizaciones y centrales obreras, quienes coincidieron en sus reclamos fundamentales e insistieron en que se apruebe el Código del Trabajo elaborado con criterios de los asalariados a nivel nacional.
La propuesta del FUT es una alternativa a las medidas de la administración de Guillermo Lasso, que defiende a la clase alta e ignora los pedidos acumulados por años de quienes garantizan la productividad y el avance económico del país.
El llamado al legislativo es a derogar la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, promulgada con el texto original ante la falta de votos necesarios para archivarla, pese a las críticas al documento.
La regulación reforma 20 cuerpos legales en temas tributarios, de inversiones, hidrocarburos, telecomunicaciones, aduana, entre otros.
Además, crea recaudaciones temporales en el patrimonio de sociedades y personas naturales y un régimen voluntario, único y temporal para la regularización de activos en el exterior.
Para muchos, la normativa solo incentiva la flexibilización laboral y la precariedad, en vez de generar más empleos, lo cual atenta contra el bienestar de la clase trabajadora y contra la reactivación económica.
Las reformas a la Ley Orgánica de la Educación Superior y a la Monetaria y Financiera, así como al Código Orgánico de la Soberanía Alimentaria son otras solicitudes.
Desde las centrales, otro reclamo está vinculado con la promesa de campaña del actual mandatario de subir a 500 dólares el salario básico unificado, que desde 2020 se mantiene en 400, en medio de las afectaciones provocadas por la pandemia de la Covid-19.
Ese compromiso fue uno de los más atractivos para la población, marcada por la contracción financiera nacional iniciada en el mandato de Lenín Moreno (2017-2021) y agudizada como efecto negativo de la enfermedad, que aún es combatida a nivel nacional.
Cuando faltan solo días para que se venza el plazo concedido por el Ministerio de Trabajo para emitir una decisión sobre el nuevo sueldo mínimo, el 22 de este mes, y a escasas horas de un anuncio del dignatario sobre ese particular, la necesidad de elevar el salario se mantiene como necesidad.
Ante todos esos temas, los trabajadores decidieron denominar 2022 como el año de la unidad, resistencia, lucha por los derechos humanos y de un acuerdo entre todos los ecuatorianos.
Movilizaciones y protestas a nivel nacional serán parte de las actividades iniciales de la agenda a partir de enero próximo, que comenzará con la primera marcha el 19 de ese mes.
Con la convicción de que solo unidos podrán obtener los resultados esperados, los participantes en la XV Convención Nacional del FUT ratificaron la postura de defender el bienestar de los trabajadores, sobre todo los de menos ingresos.
Además, abogaron por impulsar, sin descanso, instrumentos legales favorecedores de sectores como la enseñanza, el cuidado de la salud y la seguridad social.
gas/scm
