Para entendidos en la materia se trata de una falta de compromiso con la independencia judicial y señalan nuevas presiones políticas que tienden a diluir los casos y generan mayor impunidad a ese sistema.
Alertan por ejemplo que la pequeñez del país ocasiona que de forma directa o indirecta los actores del poder tengan vínculos con los procesados, lo cual obstaculiza el avance de las investigaciones y dilatan las sanciones.
Siempre hay alguien que hace alguna llamada o solicita algo que minimiza el proceso y deja un sabor a impunidad, una sensación de que existen dos tipos de justicia: una para pobres y otra para ricos, indica un artículo del diario La Estrella de Panamá.
Acerca del nombramiento del actual Fiscal General desde marzo de este año, el presidente de los abogados del Istmo, Juan Carlos Araúz, señaló al rotativo que “ningún actor de esa naturaleza puede funcionar como un interino».
Opinó que es una forma en que la institucionalidad respalda las decisiones de impacto. «No por él, sino por el Estado de derecho, una tarea pendiente del Ejecutivo”, enfatizó.
El 1 de marzo pasado, Caraballo, entonces segundo al mando de la Procuraduría General, asumió de manera interina al frente de una institución debilitada en estructura, marco normativo, funcionamiento y presupuesto.
Para las autoridades este 2021 fue un año trascendental e inédito en el decomiso de drogas y desarticulación al crimen organizado. Más de 126 toneladas fueron decomisadas superando todos los años anteriores.
La Fiscalía de Drogas aceleró el combate al crimen organizado y muestra es la Operación Fisher, del pasado 1 de diciembre, cuando arrestaron a 57 personas con nexos con la banda de narcotraficantes El Clan del Golfo, de Colombia, a la que decomisaron unos 10 millones de dólares.
Sin embargo, en el tintero quedan investigaciones sin resolver como el robo de dinero en efectivo descartable ocurrido a principios de octubre en la zona de carga del aeropuerto internacional de Tocumen.
También no se conoce nada aún de las residencias millonarias vinculadas al narcotráfico y que fueron decomisadas durante el operativo Fisher.
De acuerdo con el matutino, la tónica del accionar del Ministerio Público sigue siendo fortalecer las áreas de acuerdo con las tormentas por las que atraviesan y al propio entendimiento del Procurador sobre lo que representa combatir el delito.
Caraballo asumió por Eduardo Ulloa quien renunció en febrero de este año en medio del mayor escándalo de los últimos tiempos relacionado con abusos en albergues infantiles, denunciados desde 2020 y luego de sanciones demandadas por parte de una comisión parlamentaria que investigó los hechos.
Ulloa a su vez sustituyó en enero de 2020 a Kenia Porcell, quien también renunció a su cargo en noviembre de 2019, víctima del escándalo conocido como los Varelaleaks, que fue el espionaje y publicación del contenido de mensajes del teléfono privado del anterior mandatario Juan Carlos Varela(2014-2019).
Personas cercanas al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) opinaron que la renuncia de Ulloa fue por presiones del Gobierno sobre los casos de alto perfil que reposan en el Ministerio Público, en los cuales está involucrado el propio exmandatario.
Pero en la Fiscalía también reposan otros casos que alcanzan a Martinelli, uno de los más importantes es el segundo juicio oral por el espionaje telefónico ilegal desde el Consejo de Seguridad Nacional, y del cual el multimillonario ha salido absuelto en un controversial proceso.
Otros casos son los que se siguen en Estados Unidos contra los dos hijos de Martinelli por blanqueo de capitales, una trama de sobornos a funcionarios públicos.
Las investigaciones que aún esperan audiencia preliminar y juicios suman centenares y la lucha contra la corrupción, sin distinción, es una deuda pendiente.
Para no pocos estudiosos la dirección de la Procuraduría General se ha caracterizado en los últimos 15 años por la inestabilidad.
El paso de siete personas por ese despacho en el periodo 2004-2021, indican, ha socavado la credibilidad de la entidad haciéndola ver, en ocasiones, como un músculo del Ejecutivo empleado para perseguir a contrarios políticos o salvar de investigaciones comprometedoras a personas cercanas al poder.
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