Las propuestas evaluadas incluyen sanciones a los responsables de la minería ilegal, como ocurrió en la localidad de Zaruma, declarada patrimonio cultural del país, cuyo casco urbano quedó afectado por un socavón producido por esas acciones ilícitas.
En un boletín, la Asamblea Nacional explicó que el proyecto tiene como objetivo garantizar la capacitación del personal y el trabajo preferente para los habitantes de las zonas donde se realizan los proyectos mineros.
Asimismo, señala que la propuesta obliga a las empresas a dar un tratamiento de las aguas durante la actividad extractiva con fines de conservación y establece las condiciones para declarar la caducidad de una concesión minera por incumplimiento de la ley.
El debate se desarrollo sobre la base del informe preparado por la Comisión de Biodiversidad que unificó cinco proyectos sobre esa materia.
En el intercambio los legisladores refirieron los problemas generados por la minería ilegal en Zaruma y otros sectores de esta nación andina y la necesidad de establecer controles como política de Estado.
Igualmente resaltaron la necesidad de asegurar el manejo adecuado de aguas subterráneas, que las regalías producto de la actividad minera tengan un monto justo para el país y establecer un fondo de desarrollo minero a fin de atender casos como el ocurrido en territorio zarumeño.
Por otra parte, con 130 votos afirmativos y cuatro abstenciones, el Pleno aprobó la realización de la consulta prelegislativa a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos montubio, afroecuatoriano, donde se desarrollen proyectos mineros, para evitar la vulneración de sus derechos colectivos.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, cerró el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Minería, que forma parte del cuarto eje de la Agenda Parlamentaria, referente a la Minga por la naturaleza y los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades.
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