La propuesta que consta de 67 artículos, contó con el aval de 131 legisladores, notificó el Parlamento.
El texto, relacionado con el déficit habitacional y los asentamientos informales en este país sudamericano, fue el primero aprobado por el legislativo desde el reinicio de labores el pasado 3 de enero.
Al menos 23 legisladores participaron en el debate que tuvo opiniones diversas pues a juicio de algunos el proyecto requiere de ajustes, principalmente en temas como el subsidio o los incentivos.
De acuerdo con la regulación, el Estado está en la obligación de proveer vivienda, para lo cual deberá establecer un monto basado en la implementación de un plan nacional de ejecución de casas.
Al respecto, la Comisión de Gobiernos Autónomos precisó que el déficit habitacional ronda los tres millones 100 mil en áreas urbanas y rurales.
En esa misma línea, consideró que el número de viviendas a construir es de alrededor de 600 mil y se necesita atender dos millones 500 mil por tener mala calidad o debido al hacinamiento.
La normativa también regula la rectoría, planificación, control y producción de un hábitat seguro y saludable, al tiempo que garantiza la prestación del servicio público de vivienda de interés social.
Asimismo, contempla modalidades como el arrendamiento social con opción de compra, en casos de ciudadanos que por sus ingresos económicos no son considerados como sujetos de crédito.
Igualmente, reconoce formas sociales de producción, el hábitat y la posibilidad de crear alianzas estratégicas del sector empresarial con organizaciones de la economía popular y solidaria, territoriales, comunales y barriales que promuevan la autoconstrucción o el mejoramiento de viviendas.
Quienes pusieron reparos a la propuesta consideran que se requieren otras normas para evitar el uso de la ley como política populista.
De su lado, Gustavo Mateus, de la bancada de Unión por la Esperanza, recalcó que a través del cuerpo legal una vivienda debe otorgarse acorde a parámetros nacionales e internacionales y con acceso a varios servicios.
Priorizar el enfoque de género y beneficiar a madres jefas de hogar, teniendo en cuenta factores como la interculturalidad e intergeneracionalidad, fueron otros aspectos abordados.
El siguiente paso es enviar el documento, cuya tramitación demoró tres años, al presidente de la república, Guillermo Lasso, para posibles observaciones.
oda/scm
