La propuesta tiene como propósito fundamental proteger la salud de los ecuatorianos y en ese sentido crea herramientas jurídicas que permiten el manejo de la enfermedad y las variantes del virus SARS-CoV-2.
Esos mecanismos incluyen el procedimiento para la declaratoria de zonas de alertas sanitarias y planes de contingencia desde una visión epidemiológica, con el fin de adoptar medidas técnicas y motivadas.
Además, prevé un régimen de control respecto a la movilidad, sobre ferias, mercados, así como de aforos en los establecimientos de actividades comerciales, el uso de espacios públicos y de reunión.
También pretende institucionalizar a nivel legal el funcionamiento de los Comités de Operaciones de Emergencia, que se instituyen como organismos de coordinación y dejan a los entes de los diferentes niveles de gobierno con competencia exclusiva y concurrente para poder actuar en el marco de sus atribuciones.
El proyecto, que consta de 32 artículos, no fue enviado por el ejecutivo y constituye una iniciativa del legislativo.
El cuerpo legal entra en debate en momentos en que el país vive un aumento sostenido de casos de Covid-19, sobre todo como resultado del incumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos, en el período de festividades por navidad y año nuevo.
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