El grupo, formado por la Defensoría del Pueblo, informó que enfocó el trabajo en establecer la existencia de indicios sobre la perpetración de violaciones atribuibles al Estado, en el ámbito de la represión policial contra los manifestantes, reportadas en los 11 días de protestas sociales contra decisiones económicas dispuestas por el Ejecutivo.
Luego de una extensa evaluación, la Comisión dictaminó que el Estado, a través de sus agentes, violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica
y sexual y a la libertad personal, con impacto directo sobre la libre expresión, la protesta pacífica y la resistencia.
Asimismo, documentó casos con evidencia de uso excesivo de la fuerza y afirmó que, en
consecuencia, corresponde a quienes operan justicia determinar la verdad de los hechos y establecer las responsabilidades penales de los agentes estatales y de civiles, quienes cometieron presuntos delitos.
El ente aclaró que el discurso de autoridades de Gobierno posicionó una interpretación
parcial de la realidad, puso énfasis en ciertos actores violentos y bajo esas y otras premisas justificó la represión para mantener la estabilidad política de la administración y de la democracia.
‘Esta posición oficial buscaba deslegitimar la protesta social que tenía legítimas motivaciones coyunturales y estructurales en la mayoría de actores movilizados’, aseguró.
Igualmente, señaló que el Gobierno, mediante sus ministros, justificó actos
reprochables contra los manifestantes, tales como el ataque a las denominadas zonas de paz instaladas en instalaciones universitarias durante las marchas.
Para la evaluación, la Comisión recibió 519 testimonios voluntarios, de los cuales 249 correspondieron a vulneraciones de derechos humanos perpetradas por uniformados en el contexto del paro nacional de octubre de 2019.
Los registros mencionan 28 personas afectadas pertenecientes a grupos de atención prioritaria (nueve adultos mayores, una mujer embarazada, 12 niños y adolescentes, y seis personas con discapacidad).
Asimismo, hubo 20 casos de lesiones oculares por el impacto de bombas, perdigones u objetos contundentes, por las cuales 14 personas perdieron un globo ocular y seis tienen afectada su visión.
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