La norma, rubricada también en acto efectuado en Casa Presidencial por los ministros de Hacienda Elian Villegas y de Economía, Industria y Comercio Victoria Hernández, permite crear garantías para los créditos a personas y empresas afectadas económicamente por la pandemia de Covid-19, al mismo tiempo que pretende generar nuevos empleos.
Durante esa actividad informaron que el Fondo Nacional de Avales recibirá durante tres años 270 millones de dólares provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), los cuales servirán para dar respaldo a créditos bancarios otorgados por los bancos a personas y empresas afectadas por la pandemia.
Al menos el 50 por ciento de esos recursos deben ir a micro, medianas y pequeñas empresas, con lo cual serán beneficiadas miles empresas, las que deben gozar de un buen récord crediticio previo al decreto de emergencia por Covid-19, documentar la afectación por la pandemia y mantener a los trabajadores al momento de la solicitud, indicaron.
Recordaron que el Fondo de Avales es un instrumento financiero a través del cual el Estado asigna un monto que será la garantía para todas aquellas empresas que, afectadas por la pandemia, se les dificulta acceder a préstamos en bancos y entidades financieras.
Alvarado afirmó que teniendo estos fondos, abrimos una oportunidad para generar empleo, actividad económica, recuperación para los costarricenses.
«El trabajo que se ha hecho, tan esforzado, tan diligente, es para decir hoy: ahí está a disposición esta carta, a través del sector financiero, que ayuda a las empresas a tener opciones reales para tener crédito. Es una oportunidad, y como todas las oportunidades, hay que aprovecharla», apuntó el mandatario tico.
El titular de Hacienda sostuvo que mediante esta ley el país realiza un sacrificio fiscal importante para respaldar la sostenibilidad de nuestras empresas, el crecimiento del empleo y la solidez del sistema bancario nacional.
De su lado, Hernández señaló que constituye una oportunidad para que las entidades financieras la utilicen y promuevan de forma amplia e inclusiva, favoreciendo que cada vez más personas y empresas afectadas en su actividad económica con ocasión de la pandemia en todas las regiones del país, puedan acceder a crédito y revitalizar sus negocios.
Según la ley, el Poder Ejecutivo promulgará la reglamentación respectiva en un plazo máximo de 30 días, a partir de la publicación de la ley en el Diario Oficial La Gaceta.
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