En la Italia del sol y el viento, apunta el texto, las energías renovables luchan por despegar, y destaca que la mayoría de las veces están obstaculizadas por una burocracia engorrosa y por bloqueos de las administraciones locales y regionales, las Superintendencias, entre otros.
Normas obsoletas, lentitud en la expedición de permisos, discrecionalidad en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, normas regionales que no son homogéneas entre sí, además de las disputas entre instituciones, son entre otros los hechos que inciden según el documento reseñado por Legambiente.
Entre los 20 sitios, el informe ejemplifica el ejemplo de Véneto donde el consejo regional propuso una ley para limitar la instalación de sistemas solares fotovoltaicos en zonas agrícolas, así como los casos de eólicas marinas en Rímini, Taranto, Sicilia y Cerdeña.
Para Stefano Ciafani, presidente nacional de Legambiente, citado en un comunicado de ese ente los “fuertes incrementos de la factura” por el excesivo consumo de gas en Italia no se enfrentan con el aumento de la producción nacional de los pocos hidrocarburos presentes en el subsuelo y en los fondos marinos italianos o con “una vuelta surrealista a la carísima energía nuclear”.
Precisó que ello debe afrontarse de forma estructural, con el desarrollo de las renovables, la innovación industrial y de políticas de eficiencia energética en los edificios.
El texto de Legambiente hace énfasis en la urgencia de agilizar los trámites para nuevos proyectos eólicos terrestres y marinos, para la modernización de las plantas existentes, la construcción de la agrovoltaica y hacia las comunidades energéticas que utilizan la energía localmente generada a partir de fuentes renovables.
En el informe Legambiente detalla que entre las primeras criticidades que afectan el desarrollo de las fuentes renovables en Italia están la falta de un marco regulatorio único y certero capaz de ordenar e inspirar las decisiones de todos los actores involucrados en los procesos de evaluación y autorización.
Señala asimismo la necesidad de una ley consolidada que simplifica el proceso de autorización de las plantas, define de manera única las funciones y responsabilidades de los distintos órganos del Estado y otorga tiempos determinados a los trámites.
Además, junto a procesos de simplificación de trámites, transparencia y certeza de tiempos, indica la importancia de una mayor participación de los territorios, tanto en la identificación de las estrategias a favor de los objetivos climáticos, como en la creación e identificación de los sitios donde éstas deben ubicarse.
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