Los incidentes fueron confirmados por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).
De acuerdo con los detalles, tres de los decesos ocurrieron en el Centro de Privación de Libertad Santo Domingo y el cuarto en Azuay 1, sin registros de violencia en ninguno de los cuerpos.
En la indagación colaboran el SNAI y la Fiscalía General del Estado, según trascendió.
Los recién fallecidos se suman a otras tres muertes reportadas el pasado 11 de enero en la prisión de la provincia Esmeraldas.
El sistema carcelario de Ecuador, cuyos problemas se agudizaron desde 2020, vive una crisis que costó la vida de 320 presos el año pasado, período en el cual la red de penales vivió dos masacres consideradas las peores en su historia, con saldo de 119 y 68 muertes violentas, respectivamente.
Desde inicios de este año, a los decesos mencionados se suman un atentado perpetrado esta semana contra la directora del penal de mujeres Guayas 2, Lorena Calderón, en el cual una persona resultó herida al recibir impactos de bala mientras conducía el vehículo que la trasladaba a su domicilio.
Anteriormente, el SNAI confirmó el asesinato de uno de los asesores de la funcionaria, identificado como Fernando Llerena, quien recibió nueve disparos.
Ambos hechos ocurrieron en la ciudad costera de Guayaquil, donde también se ubica la Penitenciaría del Litoral, escenario de las matanzas de 2021.
Estado de excepción, reforzamiento de la presencia policial y de personal de las Fuerzas Armadas y una comisión de pacificación, son algunas de las medidas adoptadas por el gobierno nacional en un intento de solucionar los problemas en los centros de privación de libertad del país, pero sin lograr los resultados esperados.
A juicio de analistas y activistas en derechos humanos, la crisis aumentó, entre otros factores, debido al hacinamiento existente en esas instalaciones, la falta de programas de rehabilitación social, escasez de personal para la custodia de los internos y fallas en la infraestructura.
Por su parte, el ejecutivo argumenta que el tema principal está vinculado a los enfrentamientos entre bandas delictivas rivales, mayormente vinculadas al narcotráfico, para mantener el control de esos centros.
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