Como parte de la política de privatización del gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), se pretende entregar a ese consorcio estadounidense-canadiense los millonarios fondos destinados a la AEE por la Agencia Federal para el Manejo de Desastres (FEMA) para la reconstrucción de su infraestructura dañada por los huracanes Irma y María.
Ante la continuidad que el gobernador Pedro R. Pierluisi, presidente del PNP, ha dado a la entrega del patrimonio puertorriqueño a entidades foráneas, varias organizaciones se activaron en la Alianza Energía Renovable Ahora (AERA) para reclamar la anulación del contrato leonino.
A juicio de las organizaciones ambientalistas, la empresa pretende lucrar con los fondos millonarios de FEMA para la reconstrucción del sistema energético sin ser fiscalizada ni tener que darle explicaciones al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), por lo que es imperativo la anulación del contrato para entregarle por 15 años la AEE.
‘Luma intenta incumplir con una orden del NEPR del 17 de febrero del 2021 que le exigió justificar las cantidades excesivas y abusivas que pretende cobrarle a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y por ende a nosotros, los que pagamos las facturas’, declaró Pedro Saadé, experimentado abogado ambiental.
Agregó que Luma facturó 88 millones de dólares desde mediados de junio del año pasado, de los cuales la mayoría, 52 millones, no tiene explicación, detalle o justificación, lo que ha denunciado la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier).
Saadé reclamó que la orden del NEPR debe cumplirse, ante lo que es un ejemplo de los abusos que esperan a los puertorriqueños en los próximos años con este contrato, una vez ejerza el control completo del sistema eléctrico del país, como pretende.
A la moción del 17 de febrero, Luma Energy reaccionó cuestionando la facultad del NEPR de requerir información sobre los costos y gastos que está facturando a la ciudadanía puertorriqueña, ya que le brinda informes mensuales a la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP).
El abogado indicó que la legislatura puertorriqueña le dio al NEPR la responsabilidad de reglamentar, supervisar y hacer cumplir la política pública energética del gobierno de Puerto Rico.
Las organizaciones de AERA cuestionaron que la compañía esté reacia a compartir información de interés público, que incluso puede ser de vital importancia para anticipar un aumento en la tarifa eléctrica.
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