La diligencia comenzó el pasado miércoles 19 de enero en la Corte Judicial Norte, ubicada en esta capital.
Para hoy está previsto la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía, mediante la comparecencia de testigos y peritos.
Según el equipo legal de Bini, desarrollador de software residente en esta nación andina desde 2013, hasta el momento no hay elementos probatorios del delito del cual es acusado el ciudadano sueco.
El proceso comenzó tras cuatro meses de dilaciones y marcado por diversas denuncias de vulneraciones cometidas contra el programador desde su detención, en abril de 2019, considerada arbitraria e ilegal por sus abogados.
Bini fue acusado a partir de una llamada anónima y luego de que públicamente, el entonces presidente de la república, Lenín Moreno y la ministra de Gobierno (Interior) María Paula Romo, lo señalaran como hacker y parte de una red de desestabilización.
Nunca hemos pretendido ninguna otra cosa que no sea justicia. Este caso jamás debió haber llegado a esta instancia», aseguró Carlos Soria, a cargo de la defensa del ciudadano sueco.
En declaraciones a los medios, el letrado lamentó el accionar de los jueces anteriores y manifestó confianza en que sobre la base de lo presentado ante el tribunal y la verdad procesal, se ratifique su inocencia.
Sobre Bini, aseguró que solo ha trabajado en el país y enfrentar ese tipo de violaciones durante casi tres años.
«Traemos la verdad de las cosas, más de 100 testigos y más de 100 pruebas documentales y pericias para ratificar que no existe ningún tipo de materialidad y no hay delito», recalcó.
Entre los elementos de la Fiscalía consta la amistad que une al informático con el fundador de Wikileaks Julian Assange, quien permanece preso en el Reino Unido también desde abril de 2019, cuando el gobierno ecuatoriano le retiró el asilo otorgdo por casi siete años, que le permitía permanecer en la embajada de Quito en Londres.
El caso de Ola Bini no sola ha despertado interés en Ecuador, sino también a nivel internacional, lo cual es reflejado en campañas en las redes sociales por su liberación y en mensajes de organizaciones por los derechos humanos, seguidoras del proceso, que a juicio de muchos, responde a una persecución.
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