Aunque faltan nueve meses para la consulta, los grupos políticos comentaron poco respecto a la disposición para reconstruir esa estructura institucional de base, quizás los partidos esperen que transcurra más tiempo para evaluar cómo se proyectarán en la consulta y en esa línea se prevé una ofensiva de comentarios y declaraciones en el segundo semestre.
Esa decisión de la ANE constituye una prueba de solidez gubernamental en el complejo panorama nacional, cuando todavía se sufre la secuela de la crisis desatada en diciembre de 2020 por la celebración del sufragio, que ganó el presidente Faustin Archange-Toudèra.
Aunque es difícil que se reedite una situación similar, toda vez que los actores de aquel proceso se distinguen de los actuales, en aquella etapa además de las fuerzas políticas tradicionales se sumó al contexto un componente bélico que rechazaba los comicios y cuya presencia ahondó el disenso interno con una escalada de violencia preelectoral.
También bandas armadas que hace dos años integraban la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC), negaron la celebración de la justa y en enero de 2021 lanzaron una ofensiva masiva contra áreas de la capital, Bangui, y lograron imponer un cerco que impedía acceder a artículos de primera necesidad.
Esa táctica militar causó –primeramente- la insuficiencia de suministros humanitarios y en segundo lugar intensificó el malestar de una población considerada entre las más pobres del mundo y con ello sus consecuencias: poner en dudas la capacidad oficial de restablecer la seguridad ciudadana, elemento primordial de todo Estado.
Ahora las elecciones previstas serán municipales y de concretarse el anunció de la Comisión Electoral serán las primeras en los últimos 13 años. Con su ejecución el país intentará recuperar legitimidad, a la vez que tratará de borrar fronteras de odio presentes desde las guerras civiles (2004-2007) y (2013-2014).
El periodista Pablo Moral escribió hace siete años: “Cualquier guerra civil es sinónimo de devastación y fractura social. Pero si la guerra ocurre en uno de los países más pobres del mundo, es fácil intuir que ésta adquiere unos tintes especialmente dramáticos”, lo cual ocurrió en la RCA.
Archange-Toudèra anunció el pasado 15 de octubre un alto el fuego unilateral y precisó que esa acción alcanzaba a los rebeldes que depusieron las armas, pero elementos de los movimientos Retorno, Reclamación y Rehabilitación (3R) y Unidad para la Paz en Centroáfrica (UPC) se distanciaron de la declaración oficial.
A criterio del presidente de la ANE, Barthelemy Mathias Mourouba, «las elecciones no sólo van a celebrarse, sino que podrán celebrarse», tras una movilización de fondos para garantizar su organización, lo cual supone una garantía conciliatoria que se extiende más allá de la propia consulta prevista para el 11 de septiembre de 2022.
La realización exitosa de las municipales daría un voto de confianza a la actual administración en cuanto a su legitimidad en el desempeño del poder y la autoridad, y permitiría potenciar una imagen de legalidad democrática de la RCA ante los aliados africanos y fuera de la región.
Asimismo, colocaría en el terreno pilares para la compleja reconciliación nacional, que en el caso de ese Estado se vincula grandemente con la división entre una población de credo islámico y otra de filiación cristiana y de cultos tradicionales, factor muy presente en su historia política desde su independencia de Francia en agosto de 1960.
De todas formas, República Centroafricana, país atrapado también en una red de graves problemas socioeconómicos, no celebra elecciones locales desde el año 2009, cuando el país lo presidía Francois Bozizè, quien en 2021 encabezó una insurgencia tras su candidatura ser excluida de las presidenciales.
Presumiblemente, en los venideros comicios chocarán antagonismos que no se resolvieron en 42 años de trayectoria soberana, pero el esfuerzo por acentuar su protagonismo en la escena continental puede resultar lícito, aunque esa será una realidad que solo validarán los resultados finales de las elecciones.
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