Más leña al fuego en el inicio de un año que analistas locales ven como muy tensionado, en razón de que está marcado por varias elecciones en comunidades autónomas, una suerte de pulso hacia los comicios generales a finales de 2023.
Se trata de la convalidación del decreto ley de medidas urgentes para la reforma laboral, con el apoyo del partido centrista Ciudadanos junto a otros minoritarios y la oposición de habituales socios del Ejecutivo como PNV y ERC.
La votación fue mucho más cerrada de lo que se esperaba, 175 votos a favor y 174 en contra, y pese a todo el rifirrafe armado, es uno de los compromisos de España con la Comisión Europea del bloque comunitario de los 27, para el multimillonario Plan de Recuperación establecido.
Sin embargo, la principal fuerza de oposición, el Partido Popular (PP), de derecha, hace gestiones para impugnar los sufragios, a partir de lo que califican de ciertas irregularidades en la sede del Congreso de los Diputados.
El PP ha lanzado una andanada de críticas a la votación en la cual, por cierto, uno de sus integrantes fue el que marcó la diferencia a favor de la reforma, cuando se esperaba todo lo contrario. Ahora hay sospecha de que los populares tramaban boicotear el evento.
La vicesecretaria general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Adriana Lastra, acusó estee viernes al PP de comprar la voluntad de los dos diputados de UPN (organización de Navarra).
Lo único que falta es saber el precio o que le prometieron, dijo Lasta en rueda de prensa en la cual, asimismo, reveló que el Grupo Socialista contactó en el Congreso el diputado de UPN Sergio Sayas y éste les aseguró que los dos parlamentarios de esta formación estaban de acuerdo con la reforma laboral si no se tocaba una coma del texto.
Remarcó que hasta el último momento los dos diputados mantuvieron que iban a votar que sí a la convalidación de la reforma laboral. Sin embargo, traicionaron a su palabra y a la dirección de su partido.
Lastra indicó en este sentido que en las imágenes de la votación de ayer en el Congreso «es claro que el PP conocía de antemano la decisión de los dos diputados y que había una estrategia planificada por parte de la derecha para comprar esas voluntades».
Por su parte, el legislador centro de la controversia, Alberto Casero, del PP, remitió un escrito al Congreso de los Diputados en el que insiste en que votó «no» y que «el certificado emitido por la Cámara no se correspondía con el sentido del voto que manifestaba», en lo que «parecía un fallo del sistema».
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