La audiencia en torno a una investigación por la compra irregular de medios de prensa se pospuso bajo el supuesto amparo de la figura de fuero penal electoral, en el entendido que en los últimos días de enero el partido Realizando Metas (RM), liderado por Martinelli, realizaba comicios internos.
El exmandatario enfrenta otras imputaciones por diferentes casos de corrupción, entre ellos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, y mantiene la medida cautelar de prohibición de salida de este país.
De acuerdo con la Fiscalía, los nuevos desembolsos en el caso New Business fueron entregados por empresas que a su vez recibieron contratos para distintas obras de infraestructura.
Todas esas acciones se ejecutaron en el período 2009-2014.
Sobre el polémico dictamen, hay criterios encontrados de diversas voces de conocedores del Derecho y diputados que oscilan entre mantener o abolir la figura del fuero penal electoral.
Para la abogada Jackeline Hurtado, se trata de una medida legal que carece de total legitimidad.
La también vicepresidenta del Partido Popular señala que pareciera ser un salvoconducto para que algunos diputados, alcaldes, representantes o miembros de organizaciones políticas, puedan evitar investigaciones o juicios en su contra.
“Estoy segura que, si a nuestra ciudadanía le consultamos, la gran mayoría votaría que fuese eliminado de inmediato”, señaló al diario La Estrella de Panamá la también expresidenta del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos.
Hurtado consideró, además, que «el que no la debe, no la teme y no debe ampararse en este tipo de recursos para escapar de rendir cuentas a los electores y ciudadanos».
“Nuestro país necesita transparencia y honradez, más en quienes son electos para dirigir los destinos de los recursos del Estado”, remarcó.
Explicó que, a su juicio, la insistencia de algunos integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento) por mantener esa figura se debe a que les da poder y una salida de cualquier problema legal.
Es una llave a la impunidad, enfatizó.
En alusión indirecta al caso de Martinelli y otros 25 implicados en el mencionado proceso judicial, consideró que hubo abuso en el empleo del fuero penal electoral.
Al respecto opinó que la mejor carta de presentación de un funcionario es asumir los resultados de su gestión y sus actos, al tiempo que insistió en que sin transparencia y honradez, no habrán buenos diputados, alcaldes o representantes.
Acerca de la propuesta de ley a cargo de diputados independientes para abolir el fuero penal electoral, sentenció que debe ser eliminado del todo y rechazó la existencia de media justicia o algún tipo de privilegio que se confunda con normas que pongan a algunos ciudadanos por encima de la ley.
Ese recurso, en su criterio, afecta a la justicia panameña, porque nació de la premisa de evitar la persecución política de quienes participan en procesos electorales, y ha sido esgrimido para evitar procesos judiciales.
De su parte, el licenciado en Derecho Dorindo Cortés, también diputado al Parlamento centroamericano (Parlacen) por el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), consideró que el fuero existe en muchas legislaciones del mundo porque igualmente hay abusos de poder en gobiernos para ir en contra de sus adversarios políticos.
Desde ese punto de vista, dijo, es válida la existencia de esta figura, aunque también discrepamos con aquella visión, que viene de los mismos espacios del poder, para que el fuero sea mal utilizado.
En su opinión, tendrán sus argumentos lo que defienden el recurso legal, pero se debe tener confianza en la existencia de una normativa legal que impida el amedrentamiento contra candidatos y personal electo.
En referencia a la suspensión por esa causa de la audiencia del caso New Bussines, Cortés apuntó que quizás solo sean especulaciones en los medios de comunicación respecto a determinados candidatos que afrontan procesos penales, no siempre relacionados con que la persona huye de la justicia.
Y concluyó que no comparte la eliminación total del fuero, aunque sería beneficioso para la democracia someterlo a revisión para que sea usado en caso necesario, aclaró.
Por el momento, la opinión pública tendrá que esperar lo que suceda en los próximos meses, pues la titular del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, Baloisa Marquínez, estableció que del 19 al 23 de mayo próximo sería la nueva fecha para la realización del proceso, con un plazo alterno del 4 al 6 de julio de 2022.
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