La medida, sin precedentes en la Unión Europea, fue adoptada el 20 de enero por el Parlamento y promulgada la víspera por el presidente Alexander Van der Bellen.
El Gobierno decidió así continuar con un enfoque más duro, pese a las críticas dentro del país.
A pesar de la amenaza de una orden tan drástica, la tasa de vacunación en Austria aún no logra despegar y se mantiene por debajo de los niveles observados en Francia o España.
Las personas no inmunizadas actualmente en el país europeo están excluidas de restaurantes, lugares deportivos y culturales, pero a partir de ahora también estarán sujetas a multas.
La ley se aplica a todos los residentes adultos con la excepción de las mujeres embarazadas, aquellas que hayan contraído el coronavirus SARS-CoV-2 en los últimos 180 días y aquellas con exenciones médicas.
Las sanciones van desde los 600 hasta los tres mil 600 euros y se levantarán si la persona multada se vacuna dentro de las dos semanas siguientes.
Según una encuesta reciente, más del 60 por ciento de los austriacos apoyan la medida, pero grandes sectores de la población siguen oponiéndose firmemente.
Durante varias semanas después del anuncio de la nueva ley, decenas de miles de personas salieron a las calles para protestar contra lo que consideran una política radical y draconiana.
Pero el ministro de Salud Wolfgang Mueckstein alegó que la vacunación obligatoria tiene como objetivo tanto proteger al país contra nuevas oleadas como combatir nuevas variantes.
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