Por Danay Galletti Hernández,
Corresponsal de Prensa Latina en Nicaragua
Para los denunciantes de arbitrariedades y atentados contra el bienestar social, estos últimos 12 años significaron privación de libertad y exilio forzado, de ahí que, en su discurso de investidura, la mandataria Xiomara Castro definiera como prioridad una Ley de Amnistía destinada a los presos políticos y de conciencia. La presidenta orientó además el retorno de los desterrados por causas políticas; aseguró que, durante su administración: «no más escuadrones de la muerte, no más silencio ante los feminicidios, no más sicariato, no más narcotráfico, ni crimen organizado».
«Quienes luchamos en defensa de los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, civiles y políticos, frente a un Estado y gobiernos autoritarios, recibimos la calificación de presos políticos», afirmó a Prensa Latina el hondureño Juan López, pedagogo y abogado.
El también miembro coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, municipio del departamento de Colón, consideró que el poder judicial, el Ministerio Público y el Congreso Nacional constituyeron instrumentos para imponer la voluntad de los grupos de poder.
«El anuncio de la presidenta constituyó una luz al final del túnel. Pero el objetivo principal es la libertad tras el juicio. Este proceso reviste mucho interés para los consorcios extractivos que aún controlan el poder judicial, por tanto, podrían aparecer nuevas trabas frente a la decisión del ejecutivo», advirtió.
¿CÓMO ES EL EXILIO?
El hondureño Eduardo Urbina, militante del partido Libertad y Refundación (Libre) y exiliado en Costa Rica desde 2017, fue uno de los perseguidos durante la administración de Juan Orlando Hernández por su adhesión a la organización de izquierda y su lucha constante contra la dictadura nacionalista.
Este estudiante de Ciencias Políticas denunció que sufrió atentados, vigilancia permanente en su casa y escuchas telefónicas hasta que, advertido por las organizaciones de derechos humanos y en peligro de muerte decidió abandonar el país centroamericano.
«La principal razón de mi salida fue que, durante la crisis postelectoral de 2017, los medios de comunicación y las redes sociales expusieron mi fotografía, identificación, número de teléfono, dirección de mi casa y movimientos migratorios», confesó a Prensa Latina.
Describe su permanencia fuera de Honduras como un camino «difícil, lleno de retos y solitario», sobre todo cuando pesa sobre él un proceso judicial y un caso estigmatizado, a lo que se suma también, en el plano espiritual, la pérdida irremediable de seres queridos, sobre todo en tiempos de COVID-19.
«Es complejo además por la parte política, pues a mí básicamente me expulsaron del país y no pude cerrar ningún proceso, ni alejarme de manera paulatina. Todo fue de un tajo, lo cual me dejó con un golpe anímico significativo», reveló.
¿Contra qué luchaba Urbina? A su juicio, enfrentaba a poderes fácticos; a los partidos que responden a intereses de Estados Unidos; a los representantes del narcotráfico, presentes en la vida política de la nación hasta la investidura de Xiomara Castro, y a 12 años de dictadura, metaforizados como «una larga noche».
«La violación a los derechos humanos y la ausencia de un estado de derecho eran características visibles de esa etapa y cualquier manifestación en contra del régimen era brutalmente reprimida. Acoso, secuestro y homicidios por los cuerpos irregulares eran el pan nuestro de cada día», argumentó.
Todo esto unido a la asunción continua de proyectos extractivos; políticas de despojo; acciones directamente agresivas en contra de las mujeres; violencia estructural orientada al enfrentamiento a la juventud, los movimientos campesinos y organizaciones sociales, y latrocinio generalizado en las cuentas estatales.
«El retorno al país representa un horizonte de esperanzas y como militante significa poder aportar al proceso latinoamericanista que Honduras consolida en la actualidad y necesita la ayuda de todas las manos y habilidades posibles. También abrazar nuevamente a mi familia y a mis amigos», afirmó Urbina.
La Ley de Amnistía a Presos Políticos, decreto ejecutivo sancionado por la presidenta Xiomara Castro, es hoy una realidad en Honduras, tras su aprobación en el Congreso Nacional- presidido por Luis Redondo- el 3 de febrero y su publicación dos días más tarde en el Diario Oficial La Gaceta.
La disposición, de manera textual, concederá “amnistía general, amplia e incondicional a favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal pública, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme y en ejecución, ante los tribunales de la República (…)”.
La ley beneficia, asimismo, a los ciudadanos en proceso de investigación por los supuestos delitos cometidos hasta la fecha de entrada en vigor e incluye a los funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del periodo del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009.
Según lo establecido, la legislación impacta en las víctimas del golpe de Estado contra el exmandatario Manuel Zelaya, aquellos requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra ese hecho o por actos propios del ejercicio de su función pública.
Esa iniciativa del ejecutivo de Castro beneficia igualmente a las personas en ejercicio de su derecho constitucional a la protesta social, a los protagonistas de actos en defensa de la soberanía nacional, la democracia, la salvaguarda de sus territorios, tierras y fuentes de agua, en beneficio de sus comunidades.
¿QUÉ SUCEDE CON LOS OCHO DE GUAPINOL?
Los ambientalistas encarcelados Daniel Márquez, Kelvin Romero, Javier Alemán, Alexander Cedillo, Abelino Cedillo, Porfirio Sorto, Orbin Hernández y Jeremías Martínez, integran un grupo de defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, en el departamento Colón y protestan contra la empresa minera Inversiones Los Pinares.
De acuerdo con el abogado y activista López, en 2011 el órgano legislativo hondureño declaró la montaña de Botaderos, en la región del Bajo Aguan, como Parque Nacional, denominada además Carlos Escaleras en tributo al campesino asesinado en 1997 para detener su lucha a favor de la protección de la tierra y el agua.
Un año después, bajo el ejecutivo de Porfirio Lobo, el parlamento aprobó un decreto favorable a las operaciones de la compañía minera EMCO, actualmente Inversiones Los Pinares, pese al rechazo de organismos estatales como el Instituto de Conservación Forestal.
En 2014, sin consultar a las comunidades afectadas, la Corporación Municipal de Tocoa aprobó los permisos de operación de la mina y, posteriormente, los movimientos locales crearon el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, frente a las amenazas de los proyectos extractivistas.
Tras la presentación de denuncias penales y administrativas, el análisis del tema en el Congreso y los diálogos con autoridades del lugar, los miembros del Comité convocaron a movilizaciones pacíficas, plantones y, en 2018, participaron en un campamento pacífico en la comunidad de Guapinol.
Desde entonces, aseveró López, sus integrantes sufren acoso, intimidación, castigo, criminalización, son víctimas de campañas de desprestigio y su caso se utiliza como ejemplo de advertencia para quienes osen manifestarse en condena a iniciativas de este tipo y «defienden su vida y la de sus espacios de residencia».
En septiembre de 2019, la Jueza de la Jurisdicción Nacional Lisseth Vallecillo emprendió un procesamiento formal contra los ocho hombres por los cargos de incendio agravado y privación injusta de libertad, así como ordenó su traslado a una prisión preventiva.
Dentro y fuera del territorio nacional, existen asociaciones que exigen la libertad de los defensores que el estado hondureño al considerar que están bajo detención arbitraria por el estado hondureño y son presos de conciencia, concluyó.
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