Cientos de personas recorrieron calles de la ciudad de Tena, capital provincial, y denunciaron las prácticas extractivistas ilegales en el área.
«La constitución dice que las autoridades del estado ecuatoriano consultarán. Entonces, no tiene que consultar una empresa interesada, sino el estado como tal», señaló Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana.
Por su parte, Lenín Grefa, Coordinador de Pueblos y Nacionalidades de Napo, llamó a mantener el diálogo y a realizar asambleas con todas las comunidades, con la finalidad de analizar profundamente la situación.
Además de la movilización, la denuncia fue presentada formalmente en oficinas de la Fiscalía Provincial.
Sobre ese particular, el representante legal de varios de los colectivos presentes, Andrés Rojas afirmó: «pedimos que se investiguen los delitos ambientales.
Tanto la afectación a los recursos hídricos de nuestra provincia, como al suelo, que nos deja sin el poco suelo productivo y destinado a la agricultura».
Los demandantes llegaron a la institución con pancartas con frases como: «No a la contaminación de los ríos» y «Napo por la vida».
Otros dirigentes como Rigoberto Gavilánez, presidente de Puerto Napo, ratificaron que habrá una convocatoria a asamblea, con todos los líderes del territorio.
En ese contexto, Rocío Cerda, presidenta de las organizaciones indígenas de la provincia, enfatizó en un pedido de ayuda al ejecutivo, pues «la devastación avanza sin medida».
Desde el Estado, Wilfrido Villagómez, gobernador de Napo, afirmó que existe preocupación por parte del gobierno y se refirió al impulso de acciones como la instalación de un campamento con efectivos militares y policiales en la zona, para desalojar y limpiar el área e iniciar mesas técnicas de trabajo.
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