Un comunicado de la DGME precisa que coordinan con el Tribunal Supremo de Elecciones para que indígenas ngöbe-buglés -caracterizados por su constante desplazamiento para desarrollar labores agrícolas en Costa Rica y Panamá- transfronterizos que ingresaron al país antes del 10 de octubre de 2019 puedan realizar los procesos para obtener la naturalización.
Lo anterior, amparados en la Ley 9710 Protección del derecho a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza, en vigor desde octubre de 2019.
La DGME señala que esta normativa –reglamentada en noviembre de 2021- ha permitido que los indígenas ngöbe-buglé regularicen su situación migratoria a través de una categoría especial de residencia o bien opten por la nacionalidad costarricense por medio de requisitos simplificados.
Actualmente, explica, esta población transfronteriza es de unas tres mil 500 personas, con asentamiento en Sixaola y quienes se desplazan desde el noroeste de Panamá hasta la Zona Sur -Los Santos y Naranjo en Costa Rica- para dedicarse a labores agrícolas, principalmente recolección de café. Además, tienen un asentamiento en Sixaola.
El subdirector de la DGME, Daguer Hernández, señaló que estas opciones de regularización están a disposición en clara señal de reconocimiento de los derechos de las personas indígenas transfronterizas.
El hecho de que estos procesos avancen, gracias a la coordinación y trabajo interinstitucional hasta una naturalización, demuestran el interés del Estado no sólo por el reconocimiento, sino por el acceso a la seguridad social y al cumplimiento de sus derechos laborales y de identidad, afirmó.
De su lado, el viceministro de la Presidencia Randall Otárola mencionó a la regularización migratoria como un primer paso para acceder a servicios institucionales, e indicó que por décadas y por su dinámica de desplazamiento, la población ngobe-buglé no ha sido reconocida como parte de la población tica.
«Hoy, gracias a la Ley 9710 y su reglamento, centenares han podido regularizar su estatus en el país, lo cual les permitirá tener una relación formal con el Estado y acceder a los diferentes servicios institucionales a los que tienen derecho», subrayó Otárola.
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