Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y Sebastián Villarejo, del humanista Patria Querida, coincidieron en cuestionar cuáles son las verdaderas motivaciones del movimiento progubernamental.
Ambos legisladores se preguntaron si la movida oficialista podría ser un intercambio de salvatajes que se tradujera en posteriores favores de sectores interesados en la persecución penal contra Quiñónez.
La reacción de los diputados siguió al anuncio de Colorado Añetete de que acompañará el proceso contra la líder del Ministerio Público, acusada de ocultar denuncias por cargos contra el expresidente Horacio Cartes.
Amarilla, vicelíder de la bancada del PLRA en la Cámara Baja, celebró la decisión, pero afirmó que no le queda claro si los oficialistas hablaron de “acompañar” la acusación opositora o de presentarla ellos.
La legisladora descartó que sea un problema respaldar un borrador de documento acusatorio, sino constatar “si los colorados se pusieron los pantalones para este juicio político”.
Por su parte, Villarejo alertó que «hay tres o cuatro personas que pueden llegar a tomar este momento como la oportunidad de sus vidas, porque con tres o cuatro votos de Honor Colorado se salva el juicio político”.
El diputado llamó en este sentido a observar con cuidado “qué tipo de acuerdo buscarán tres o cuatro personas para frenar el juicio político”, aunque omitió precisar nombres y cargos.
Villarejo elogió, no obstante, la decisión de la bancada oficialista, porque “al menos es una posición política asumida, que, evidentemente, responde al momento electoral de esa agrupación”.
“El juicio político –opinó- es una herramienta que, cuando se utiliza mal, termina siendo un salvataje recíproco. Muchas veces salvar a enjuiciados implica esa contraprestación a futuro”, subrayó.
Paraguay atraviesa una seria crisis judicial a causa de acusaciones contra Cartes por cargos como lavado de dinero, falsa declaración jurada y narcotráfico, formuladas por el ministro del interior, Arnaldo Giuzzio.
Las declaraciones del titular comprometieron también a la fiscal general por alegar este que la jurista se abstuvo de darles curso a varias denuncias contra el expresidente por delitos graves.
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