La medida, que será efectiva por otros 30 días, fue legalizada por el presidente Guillermo Lasso sobre la base del deber del Estado establecido en la Constitución de proteger el patrimonio natural y cultural del país y garantizar el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.
El Decreto Ejecutivo 341 también consideró que los hechos motivantes de la declaratoria persisten, sobre todo el riesgo inminente de nuevos socavones debido a años de actividad minera ilegal, pese a las labores desplegadas para paliar los perjuicios.
Según precisó el documento, desde la ocurrencia de los hechos que motivaron el decreto inicial los registros dan cuenta de 300 personas evacuadas, 73 familias damnificadas y 63 con algún perjuicio, tres viviendas afectadas y cuatro destruidas (tres de ellas consideradas patrimoniales), así como 157 en riesgo.
Asimismo, hasta el pasado domingo el 25 por ciento del servicio eléctrico en Zaruma sufría daños, al igual que el de salud y tres calles.
El nuevo decreto permitirá movilizar desde todo el territorio nacional hacia el
área de Zaruma a personal de las entidades de la Administración Pública Central e Institucional, en especial las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a fin de coordinar y ejecutar acciones para mitigar y prevenir los riesgos, entre otras tareas.
Igualmente queda suspendido el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio en la localidad, con el propósito de realizar evacuaciones encaminadas a precautelar la vida e integridad de los habitantes de Zaruma e inspecciones en la zona afectada.
También queda limitada la libertad de tránsito en el cantón para impedir la presencia de personas en las áreas comprometidas por la minería ilegal.
Los derrumbes se agudizaron en diciembre último, provocados principalmente por túneles cavados ilegalmente en los bajos de edificaciones, con la finalidad de extraer material aurífero.
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