Aprobada antes por el órgano legislativo unicameral la norma establece la base legal de la retirada coercitiva por motivos de necesidad pública de los objetos de propiedad.
Según la información publicada en el sitio en Internet del parlamento, el motivo de la incautación puede ser una necesidad militar y la acción se lleva a cabo sin ninguna indemnización por su valor.
Rusia inició el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania, luego que las autoridades de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL) le solicitaran ayuda para repeler el aumento de la agresión de Kiev.
Antes, Moscú reconoció la independencia y soberanía de ambos territorios y firmó tratados de amistad, cooperación y asistencia mutua con sus líderes, los cuales incluyeron el establecimiento de relaciones diplomáticas y la ayuda militar.
El presidente ruso, Vladímir Putin, en un discurso para informar sobre el inicio de la operación, afirmó que el objetivo es proteger a la población de Donbass de los abusos y el genocidio de Kiev durante los últimos ocho años y “desmilitarizar” Ucrania.
En respuesta, el Gobierno de Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Moscú, decretó la ley marcial en el país, reclamó ayuda financiera y humanitaria a la comunidad internacional, a la vez que exigió sanciones y “aislar por todos los medios y formatos” a Rusia.
Además, desde el inicio de la operación militar, las Fuerzas Armadas de Ucrania combaten contra las rusas.
Putin manifestó que su país no planea ocupar territorios ucranianos, sino defender el derecho de sus pueblos a la autodeterminación.
Asimismo, reiteró que Moscú no puede permitir que Kiev adquiera armas nucleares y se siga militarizando, lo que constituye un peligro para la seguridad del país. Subrayó que la continua expansión de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este resulta inaceptable para Rusia.
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