«He decidido incluir observaciones al proyecto de ley con el objetivo de que éste guarde absoluta concordancia con el dictamen de la Corte Constitucional», aseguró el mandatario sobre la normativa que establece el tiempo máximo para la interrupción de un embarazo resultante de violencia sexual.
De acuerdo con su veto, hay disposiciones claras en la sentencia que no han sido acatadas por el legislativo o no son coherentes con el marco legal ecuatoriano.
En consecuencia, en el tema de los plazos el jefe de estado añadió la observación de unificar en 12 semanas el período máximo para esa práctica médica, lo cual modifica la regulación, según la cual ese tiempo era para niñas, adolescentes adultas de zonas urbanas, mientras para indígenas y residentes en áreas rurales se estableció como límite las 18 semanas.
Las objeciones comprenden además la inclusión de requisitos que le brindarán al cuerpo legal conformidad con la sentencia de la Corte, emitida en 2021, tras lo cual se elaboró el proyecto legal de aborto por violación.
A juicio del gobernante, el Parlamento omitió las condiciones de acceso a la interrupción en su regulación.
Por otra parte, Lasso añadió artículos para garantizar a todos los profesionales de la salud el derecho a aplicar la objeción de conciencia, principio que les permite rechazar una determinada obligación, por motivos éticos, religiosos.
El presidente advirtió que el veto incluye 61 textos alternativos y la Asamblea Nacional tendrá 30 días para decidir si mantiene el documento original o acepta la nueva propuesta del Ejecutivo.
«Creo firmemente que nuestras leyes no deben ser factor de división, sino de encuentro. Las leyes son para servicio de todos los ecuatorianos, en su vastísima diversidad y pluralidad», enfatizó.
Previo a emitir su dictamen, el mandatario reiteró que defiende la vida desde la concepción, pero teniendo en cuenta su cargo actual, hará todo lo posible para hacer respetar los principios de un sistema plenamente republicano y democrático
El proyecto de Ley de Aborto por Violación mantiene a la población dividida entre quienes consideran que es una forma de hacer justicia a las víctimas de ese flagelo y grupos provida, en cuyo nada justifica la interrupción del embarazo.
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