En conferencia de prensa en la sede del Congreso, sus representantes llamaron a detener el despojo del patrimonio, sobre todo de los recursos naturales, como «compromiso patriótico con el pueblo y las futuras generaciones, con la naturaleza y el medio ambiente».
Su propuesta de normativa plantea la postergación por 10 años de todas las licencias pendientes de ser otorgadas y las que expiren en este plazo no tendrán renovación.
Asimismo, se suspenderán todas aquellas con una extensión mayor de cinco kilómetros cuadrados, según el texto dado a conocer este jueves.
«Aquellas minas que queden vigentes durante el periodo de esta moratoria tendrán que pagar una regalía del 51 por ciento, lo mínimo que debe recibir el Estado a cambio de entregar los recursos no renovables que muchas empresas transnacionales se llevan», argumentó el diputado Román Castellanos en nombre del movimiento político.
La iniciativa plantea como fin la aprobación de «una ley nacional ampliamente consensuada, técnicamente sustentada y ambientalmente responsable con base en estándares internacionales y sobre todo que respete el derecho de las comunidades a poder decidir».
Ante una legislación minera ineficiente y con señalamientos criminales, Semilla considera la actividad como un mal negocio, pues se dilapida nuestro patrimonio, explicó Castellanos, al presentar el documento.
«Con este modelo, precisó, se enriquecen funcionarios públicos, políticos y empresarios representantes de empresas transnacionales, todos ellos sin escrúpulos, sin compromiso con el futuro del país, los alcaldes, los recursos naturales y mucho menos con las comunidades donde se instalan».
Por donde se vea, detalló, apenas deja el uno por ciento de las regalías que reportan las empresas, y el Gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas ni siquiera tiene la capacidad de fiscalizar la veracidad de la información entregada.
De acuerdo con los datos aportados, la minería metálica es una de las actividades que menos contribuye al Producto Interno Bruto, tan solo en 2018 representó el 0,7 por ciento; aunque sí genera altos costos ambientales y conflictos sociales como ocurrió el pasado año en El Estor, Izabal.
A juicio de Semilla, «los impactos sobre el ambiente son atroces, pero son atroces también para la vida de las comunidades y su salud, pues muchas empresas se instalan sin cumplir con los mecanismos mínimos de consulta previa, libre e informada».
«Esto no puede seguir así», reiteró, y llamó, además, a detener la persecución de los líderes sociales y la conflictividad en esos territorios marcados por la minería.
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