La responsable del colectivo, Anina Ciuciu, y los cuatro portavoces de la organización, explicaron en un documento publicado por el diario Liberation, que desde hace un año demandan al Ministerio de Educación la creación de una comisión que investigue esta situación, pero hasta el momento la propuesta no fue tomada en cuenta.
Por tal motivo iniciaron una campaña de recogida de firmas, para tratar de presionar al ejecutivo y que adopte medidas contra una decisión ilegal como es ‘negar la inscripción en la escuela’, en un momento en que el Gobierno se jacta de mantener los centros educativos abiertos a pesar de la pandemia de Covid-19.
Al tiempo aclararon que la cifra de 100 mil menores sin escolarizar ‘es sólo una estimación a la baja, ofrecida por la Defensora del Niño’, y supone la violación de un derecho garantizado por la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el Código de Educación.
El documento cita varios casos de menores que por residir en un poblado de chabolas, ser migrantes o no tener un domicilio fijo, entre otros, se habían visto privados de recibir una educación o poder continuar sus estudios.
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