En un mensaje a la nación, el gobernante ofreció detalles del contrato ya listo por el Ejecutivo para entregar a la filial de la trasnacional canadiense First Quantum Mineral (FQM), de las más cuestionadas por movimientos ambientalistas del istmo.
Una vez suscrito ese texto, precisó el jefe de Estado, se remitirá a la Asamblea Nacional (Parlamento) para su aprobación definitiva y puesta en marcha.
El mandatario agregó que otro 20 por ciento de esos ingresos mínimos por la actividad de la mina permitirá que ningún jubilado o pensionado reciba menos de 350 dólares mensuales, una medida que beneficiará a 110 mil 675 personas, aseveró.
Las dilatadas negociaciones entre el Ejecutivo y esa compañía comenzaron a inicios de 2021, sin lograr consenso y soluciones para el sistema de pensiones, en medio del rechazo de movimientos populares a la gestión de la Caja de Seguro Social (CSS).
También precisaron que otros desembolsos por regalías e impuestos de esa empresa serán empleados en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, en la oriental provincia de Colón, áreas aledañas al mayor yacimiento de cobre en el país.
El Centro de Incidencia Ambiental y representantes del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, entre otras instituciones y agrupaciones sociales cuestionan ese contrato entre el Gobierno y Minera Panamá.
Para los activistas, el Ejecutivo no está tomando en cuenta el fallo de 2018 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró el anterior pacto como inconstitucional.
El Gobierno “ha demostrado una vez más que esta industria siempre operará al margen de nuestra Constitución y la ley, así como de los derechos fundamentales que esta consagra”, declara un comunicado entregado entonces a la prensa.
La mina de Cobre Panamá, ubicada en el distrito de Donoso, en la caribeña provincia de Colón, es la inversión privada más grande del país, con seis mil 700 millones de dólares y aporta un 3,5 por ciento al Producto Interno Bruto y miles de empleos directos e indirectos.
Para los grupos ambientalistas, el nuevo contrato desconoce la inmensa riqueza natural y cultural que se destruye en un área protegida clave para la conectividad de la biodiversidad de toda la región.
Anexan que se han producido unos 295 accidentes ambientales en tres años dentro de esta área.
Declaran además que esta negociación en un área sin consultar a los moradores, “desconoce la voluntad de los panameños, que rechazan la minería a cielo abierto y no quieren empeñar sus ríos y bosques”.
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