El comisario europeo de Justicia, Didier Reynder, se encargará de presentar el reclamo, en respuesta a una normativa que permite al gobierno del primer ministro, Andrzej Duda, limitar y cuestionar el accionar de jueces y magistrados y que, según la UE, transgrede la legislación comunitaria.
El bloque solicitó además al ente judicial medidas cautelares para evitar más daños al ordenamiento jurídico regional.
La demanda incluye impedir a la sala disciplinaria del Tribunal Supremo polaco decidir sobre las solicitudes de levantamiento de la inmunidad judicial y en materia de empleo, seguridad social y jubilación.
A través de su cuenta en Twitter, la responsable europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, dijo que los juristas polacos son también europeos, aplican la normativa comunitaria y contribuyen a la confianza mutua sobre la que se construye la UE.
Añadió que los gobiernos nacionales son libres de llevar a cabo una reforma de la Justicia pero que al hacerlo tienen que respetar los tratados europeos.
El mecanismo regional cuestiona además a este país por otras normativas que discriminan a las personas por la orientación sexual y prohíben de forma casi total el aborto.
A fines de 2020 y tras varias jornadas de manifestaciones el Ejecutivo se vio presionado y pidió tiempo para revaluar un edicto que condiciona la interrupción del embarazo solo a casos en los que está en riesgo inminente la salud materna.
Pese a su reelección este año con más del 51 por ciento de los votos, la oposición, la UE y organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos critican de forma enfática la postura de Andrzej Duda, que aún así cuenta con el apoyo de sectores internos y de la Iglesia católica polaca.
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