En el caso de la máxima directiva de la Asamblea Nacional, la acusación fue presentada por la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), mientras que el CAL fue denunciado por la alianza Unión por la Esperanza (UNES).
«Estamos presentando una denuncia contra presidenta de la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones, para que sin ningún pretexto u orden mañosa judicial obtenida quien sabe cómo se dé un tratamiento a lo que establece la LOFL receptando la denuncia», afirmó Esteban Torres, jefe de la bancada del PSC.
De su lado, Fausto Jarrín, legislador por UNES, explicó que el recurso presentado por su bancada es contra los siete miembros del CAL, por las mismas razones.
Según aclaró Jarrín, el Consejo, encargado de tratar ambas acciones, tendrá que admitir la conformación de una comisión multipardista a cargo de evaluar sus respectivas gestiones.
«Van a tener todos que abstenerse y permitir la conformación de la comisión como debió hacerse desde el principio, pues no podrán ser juez y parte como pretenden algunos», añadió el representante de UNES.
Una vez presentadas las denuncias corre un plazo de tres días para remitirlas al CAL y cinco para su tratamiento.
Si el equipo pluripartidista comprueba el incumplimiento de funciones, la presidenta podría perder el cargo.
Los recursos presentados por el PSC y UNES son reacciones a las medidas cautelares concedidas a LLori por el sistema judicial a pocos minutos de una sesión plenaria en la cual estaba propuesto un cambio en el orden del día para someter a votación la formación de la comisión.
Lo sucedido en las últimas horas en el legislativo ahonda los problemas existentes al interior del organismo, cuyas labores se han visto afectadas por las discrepancias entre bancadas y con las decisiones de la presidenta.
Como resultado, varios proyectos de ley están pendiente de tratamiento y la ciudadanía sigue en espera de contar con normativas a su favor y un Parlamento que defienda los intereses del pueblo, como afirman alguno sectores.
mem/scm
