La propuesta sometida a los legisladores se basa en subvencionar la nafta 93 intermedia y el diésel común de 15 entidades importadoras, explicó el vicepresidente de esa instancia legislativa Ángel Paniagua.
El subsidio, aprobado el martes en media norma por el Senado, se concretaría mediante un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina, explicó el diputado.
Paniagua, del oficialista Partido Colorado, opinó que a los parlamentarios de esa y otras bancadas les apremia votar el documento, pues “tenemos que cuidar un poco la estabilidad del país”. “No queremos más cierres de rutas e inconvenientes para los transeúntes”, expresó el diputado en alusión a los bloqueos de avenidas y autopistas de todo el país por las protestas de transportistas contra los precios del carburante.
El presidente Mario Abdo Benítez promulgó el 25 de marzo una ley que subsidió las tarifas de dos tipos de combustibles, presionado por dos semanas de manifestaciones de choferes que casi paralizaron al país.
La normativa autorizó a la empresa estatal Petróleos de Paraguay (Petropar) a vender el gasoil tipo III y la nafta de 93 octanos a precios menores de los que los adquirió.
El texto legal prevé que la diferencia entre las sumas con que la entidad oficial venda estos combustibles y el costo de compra serán amortizadas por el Ministerio de Hacienda mediante impuestos.
Los subsidios fijados hasta ahora respaldan solo a las 228 estaciones de Petropar, frente a las dos mil 300 privadas, disposición calificada de limitada por los dueños de esas gasolineras y los usuarios.
La desigualdad entre ambos sectores aumentó el 28 de marzo, cuando los particulares subieron el litro de gasoil en mil 500 guaraníes (unos 21 centavos de dólar) y el de nafta en mil guaraníes (14 centavos de dólar).
Legisladores opositores rechazan la propuesta de pagar los subsidios al carburante con impuestos que afectarán a toda la población.
La subida de los precios del combustible fue anunciada en febrero por el Gobierno, por primera vez en lo que va de año y sexta en 12 meses, ante la crisis económica mundial y el impacto en el sector petrolero de la guerra en Ucrania.
jf/apb
