El conservador Partido Popular (PP) ha estado en el último mes en primer plano por los escándalos sobre negocios turbios en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, en ambos casos vinculados a malos manejos en la adquisición de mascarillas sanitarias.
En una comparecencia telemática ante los medios de prensa, la vocera del PSOE en el Senado, Eva Granados, pidió a Feijóo que «rinda cuentas con los españoles sobre el alcance de corrupción del PP con los contratos de emergencia durante la pandemia».
Granados se refirió en concreto a la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por supuestas irregularidades en operaciones de compraventa de material sanitario realizadas en marzo de 2020.
La legisladora demandó al presidente del PP «ponerse al frente de una investigación que termine con la corrupción en la capital de España y en su partido».
Granados no tuvo remilgos para calificar a Feijóo de «líder que camina en dirección contraria al resto de las derechas europeas», y le solicitó ponerse a la altura requerida para encabezar la oposición que España necesita.
Un nuevo proceso se puso en marcha la semana pasada, que involucra indirectamente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, figura del PP, quien se apresuró a desmarcarse de una trama en la que dos empresarios conocidos se apoderaron supuestamente de seis millones de euros.
El juez a cargo del caso ordenó embargar a petición de la Fiscalía bienes de lujo de los empresarios Luis Medina Abascal y Alberto Javier Luceño, tras admitir a trámite la querella contra ambos.
El proceso apunta a presuntos delitos sobre el cobro de comisiones en la compraventa de material sanitario como mascarillas al comienzo de la pandemia. Con el dinero ganado de forma fraudulenta, los investigados adquirieron varios coches de alta gama y una residencia de lujo.
Anteriormente y en un expediente que le costó el cargo al entonces presidente del PP, Pablo Casado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue salpicada por la participación de su hermano en una operación similar por la que cobró más de 250 mil euros.
El tema desató una crisis interna dentro de los Populares y al final de costó la cabeza a Casado, quien no pudo demostrar que el hermano de Díaz Ayuso se hubiese aprovechado de la gobernación madrileña para sus transacciones, aunque sí el cobro de la comisión.
mem/ft
