La objeción total por inconstitucionalidad fue presentada por el presidente de la república, Guillermo Lasso, a cuyo juicio, las reformas planteadas a la regulación, que incluyen equiparación salarial, deben ser ajustados por la Asamblea Nacional.
El mandatario consideró que el legislativo debe hacer un nuevo análisis a fin de garantizar la disponibilidad de los recursos económicos necesarios para el incremento en los pagos.
Al respecto, afirmó que “no existe una fuente de financiamiento para este incremento en el gasto público”.
La LOEI, aprobada por el legislativo en marzo pasado, fue considerada como un triunfo para la Unión Nacional de Educadores (UNE), que por años reclaman equiparar sus estipendios al de otros funcionarios públicos.
De acuerdo con normativa avalada por mayoría en la Asamblea Nacional, el financiamiento para el alza lo garantizarían los ingresos provenientes de la venta del petróleo.
Sin embargo, el dignatario estimó que esas entradas no son permanentes, por lo cual no pueden destinarse al sueldo de los maestros, cuyo monto implica 500 millones de dólares anuales.
Ante la postura del ejecutivo, la UNE anunció que volverá a las calles desde finales de este mes, pues la movilización es uno de los mecanismos con los cuales hacen valer sus derechos.
La lucha de los docentes es respaldada por otros sectores sociales y especialistas en temas financieros.
“Con el veto total a la LOEI, el gobierno de Lasso se abre un frente de confrontación social, quizá de forma innecesaria”, aseguró sobre el tema el economista Pablo Dávalo, quien estimó que existen los recursos para cumplir con lo estipulado por la Corte Constitucional.
“Con este veto, se incendia al país y suma más sectores sociales en su contra”, concluyó.
La objeción presidencial se dio un día después del Día del Maestro en Ecuador, conmemorado el 13 de abril último.
Con la regulación, la remuneración básica unificada subiría de 817 a 986 dólares.
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