Por segundo día consecutivo, alumnos del Colegio Fiscal Luis Napoleón Dillon, ubicado en el centro de Quito, salieron a las calles a reclamar acciones concretas y expeditas por parte del gobierno, para hacer justicia en el caso de agresión contra una de sus compañeras, ocurrido la semana pasada.
«Que se escuche nuestra voz y que calle el violador», volvieron a gritar los educandos mientras recorrían calles aledañas al centro con pancartas y globos de colores violeta y blanco.
La adolescente de 15 años fue drogada y violada el jueves último por el chofer de uno de los ómnibus arrendados por los padres de familia para los recorridos desde las casas hasta la escuela.
A la marcha de esta jornada se unieron otros dos centros educativos, donde los estudiantes decidieron presionar por justicia.
La víspera, la concentración tuvo lugar ante la sede del Ministerio de Educación, cuya ministra, María Brown, reconoció que la dirección de la institución Dillon no cumplió a cabalidad el protocolo establecido para casos de violencia sexual.
De acuerdo con lo expuesto, no se brindó el acompañamiento psicológico y socioemocional a la estudiante ni a los familiares para poner la denuncia en Fiscalía, mientras que privilegiaron la imagen del colegio por sobre la estudiante.
Asimismo, las autoridades advirtieron con sancionar a los alumnos que decidieron protestar a favor de su compañera de clases e intentaron indicarles respuestas específicas a las preguntas en el marco de la investigación en curso sobre la situación de la adolescente.
En ese contexto, la rectora de la instalación renunció al cargo y organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres también exigen dar con el responsable del hecho violento y aplicar todo el peso de la ley.
En las redes sociales son múltiples los mensajes de respaldo a la acción estudiantil y de demandas para capturar al conductor, cuyo paradero aun se desconoce.
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