La acción de los otrora candidatos a la alcaldía capitalina se relaciona con informes de que Romero, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), recibió durante su campaña el apoyo de la empresa J.R. Asphalt, además de donativos.
La empresa está vinculada a un esquema de corrupción que involucra a varios alcaldes, algunos de los cuales han sido apresados por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Rossana López, del Partido Popular Democrático (PPD); Adrián González, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y Manuel Natal, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), quien estuvo cerca de ganar las elecciones, esperan que se proceda contra Romero por un presunto esquema de corrupción.
El referido surge luego de que el pasado 28 de abril se conociera que la Oficina del Contralor Electoral (OCE) lleva adelante una auditoría para determinar si hubo un beneficio electoral para Romero, luego de que obtuviera servicios de pavimentación gratuitos.
La OCE evalúa si tal acción constituyó un donativo ilegal a su campaña electoral a la alcaldía de San Juan, ya que los trabajos se efectuaron entre octubre de 2019 y mayo de 2020.
Sobre el caso, el contralor electoral Walter Vélez expresó que si la aportación fue para solicitar un beneficio, “definitivamente es ilegal”.
Vélez consignó que pudo haberse omitido la información del donativo y que la compañía haya aportado a la campaña política del alcalde, lo que es ilegal.
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