Durante la asamblea general celebrada en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, en medio de un paro de 24 horas, los miembros de la Utier aprobaron decretar una huelga en el momento en que el Consejo Estatal así lo considere.
El presidente del gremio, Ángel Figueroa Jaramillo, anticipó que de este modo se proponen frenar el contrato de privatización negociado en secreto con el consorcio estadounidense-canadiense LUMA Energy, para asumir por 15 años el control de la transmisión y distribución de la corporación eléctrica puertorriqueña.
El sindicalista recordó que ya LUMA le ha costado al pueblo de Puerto Rico 101 millones de dólares, pues hay que pagar hasta la diversión de sus ejecutivos.
Figueroa Jaramillo planteó que en los 55 días que faltan para que la empresa norteamericana asuma el control de la AEE esperan que el gobernante puertorriqueño Pedro R. Pierluisi escuche los reclamos de los trabajadores y jubilados de la Utier, ya que no cejarán en sus reclamos.
Pierluisi comparece mañana ante la Asamblea Legislativa para su primer mensaje sobre la Situación del Estado, cuando se espera que aborde el asunto de la privatización de la corporación eléctrica.
El objetivo del gobierno parece estar dirigido a desmantelar la AEE, invalidar el convenio colectivo y eliminar el plan de retiro de los empleados, mientras se incrementa el costo por consumo de energía.
Figueroa Jaramillo refirió a los periodistas que el contrato con LUMA Energy es leonino, lo cual lo convierte en ilegal.
La Utier recibió en la asamblea el respaldo de otros importantes gremios que, según anticiparon, estarán activos de decretarse una huelga, considerada el último recurso en esta lucha.
Figueroa Jaramillo advirtió que los trabajadores dispuestos a renunciar para irse con la empresa norteamericana, que recibirá millones de dólares destinados a la reconstrucción de la AEE luego de los daños causados en 2017 por los huracanes Irma y María, no podrán volver al gremio.
A pesar de ser un monopolio estatal, la corrupción a nivel de la alta gerencia controlada por los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD), ha conducido a la AEE a una deuda de nueve mil millones de dólares, que forma parte de la bancarrota de Puerto Rico con una deuda conjunta de 73 mil millones.
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